La formación llevará al Congreso una iniciativa parlamentaria para garantizar la actualización del salario
MÁLAGA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los diputados en el Congreso de Unidos Podemos por Málaga, Alberto Montero y Eva García Sempere, se han reunido este sábado con el colectivo de examinadores de tráfico para conocer la problemática que les ha llevado a convocar una huelga que se viene prolongando desde el mes de junio. Según el colectivo, la huelga está siendo secundada por entre el 70 y el 80 por ciento de los examinadores y que recibe el apoyo de autoescuelas y de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra).
El motivo que ha llevado a esta movilización, según explican los miembros del colectivo, es "reclamar que se cumplan los acuerdos firmados con la Administración y que se adquirieron a raíz de la anterior huelga llevada a cabo en 2015". En dichos acuerdos, la Administración, entre otras cosas, se comprometía a aumentar la plantilla de examinadores. "Somos poco más de 600 examinadores para toda España, lo que está suponiendo ya un retraso de más de 100.000 exámenes que han quedado aplazados", han señalado.
En el caso de la provincia de Málaga, al no haberse cubierto jubilaciones ni hacer convocatorias para nuevas plazas, la plantilla ha pasado de 36 a 24 examinadores. A todo esto, le han añadido la actual adaptación de la Ley de Tráfico a la normativa europea, que ha significado el aumento del tiempo de examen, pasando a tener una duración mínima de 25 minutos "y esto se hace sin un aumento de personal, lo que se traduce en una mayor carga de trabajo y la imposibilidad de hacer el mismo número de exámenes diarios".
Asimismo, otro de los acuerdos llegados en la anterior convocatoria de huelga, según han indicado, fue que se les regulase, vía productividad, el complemento específico aprobado en 2008 para todos los funcionarios de su sector. "Ese complemento se aplicó a los trabajadores de otros rangos pero que al inicio de la crisis quedó paralizado en su categoría", han indicado en un comunicado.
"Este complemento, que es específico de nuestro sector por particularidades tales como peligrosidad, desplazamientos, etcétera, y que se aprobó hace años asciende a 250 euros brutos mensuales por examinador y una repercusión total sobre las arcas públicas de 2 millones y medio de euros anuales. Solo reclamamos algo que nos corresponde", han declarado miembros del colectivo de examinadores.
De esta forma, los diputados malagueños se han comprometido a iniciar trámites para llevar a cabo una iniciativa parlamentaria que suponga "la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para que se garanticen las condiciones firmadas en 2015".
