MÁLAGA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha solicitado 12 años de prisión para un hombre al que acusa de dos delitos continuados de estafa por supuestamente conseguir unos 130.500 euros de parte de particulares y de empresas a través de "engaños", simulando ser un "acaudalado empresario" y dando "apariencia de solvencia profesional y económica".
Según las conclusiones iniciales del fiscal, desde al menos octubre de 2015 a junio de 2016 el acusado se dedicó a obtener dinero, bienes y servicios, "orquestando toda una serie de engaños y simulaciones destinados a que distintas personas, confiadas en una cuidada apariencia de solvencia, hicieran en su beneficio transmisiones patrimoniales".
Así, el procesado, según relata provisionalmente la acusación pública, contacto con un empresario de la construcción y "se hizo pasar como propietario" de un terreno en Estepona, ofreciéndole edificar en él, y de un hotel en Alicante. La víctima, pensando que "era un acaudalado empresario", se mostró de acuerdo con realizar dicho negocio.
"Una vez obtenida la confianza" de esta víctima, señala el fiscal, le pidió 11.000 euros para pagos urgentes, comprometiéndose a devolvérselos aunque "nunca tuvo intención de entregar cantidad alguna y solo pretendía enriquecerse ilícitamente". El perjudicado le dio el dinero y cuando pasado el tiempo no se lo devolvía, investigó y supo que había mentido sobre el terreno de Estepona.
La víctima le requirió el dinero, pero el acusado, presuntamente, le entregó una serie de pagarés vinculados a una cuenta previamente cancelada, lo que, según las conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, "evidenciaba la voluntad de este desde el principio de apropiarse definitivamente del dinero que le había dado" el empresario, que reclama casi 13.000 euros.
Por otro lado, el ministerio fiscal señala que formó con otro procesado, letrado de profesión, una sociedad y contactaron con otro empresario de la construcción, diciéndole que el principal acusado era dueño de una finca en Marbella, en la que le propuso construir; y de un complejo de 187 viviendas en Mijas casi terminadas, planteando que se hiciera cargo de la obra.
El empresario aceptó e hizo las contrataciones para comenzar a funcionar y poder entregar las viviendas terminadas; pero, según la acusación, el procesado "nada tenía que ver con la promoción, ni era suya ni tenía permiso o comunicación con los propietarios", pretendiendo únicamente "que se viera que la obra estaba funcionando".
Asimismo, contactó con una serie de profesionales "honrados" que trabajarían para él en relación con esa promoción --un arquitecto o el dueño de una copistería--, a los que "no tenía la menor intención de pagar por los servicios contratados". Antes de descubrir el empresario "el engaño", señala el ministerio fiscal, prestó 20.000 euros que le pidió alegando "un problema coyuntural de liquidez".
Además, según dice la Fiscalía, los acusados instaron a otro empresario a que invirtiera en la mencionada promoción, adquiriendo dos viviendas porque tenían falta de liquidez, por lo que éste, "confiado en la relación de amistad" que las compró por 48.000 euros.
Por otro lado, el año siguiente, cuando se supo el engaño relacionado con dicha promoción, el acusado "puso en marcha un nuevo plan", que según el fiscal, consistía esta vez en "aparentar el desarrollo de una actividad comercial legítima en oficinas abiertas al público" para lo que alquiló dos locales, uno en la capital y otro en Fuengirola.
Además, contrató a personal administrativo y de limpieza y adquirió los muebles y otro material, como el informático, solo para "dar esa apariencia de solvencia que no solo le permitía estafar a quien caía en su red sino también tener trabajadores a su servicio", señala la Fiscalía en su escrito provisional, en el que se le acusa de dos delitos continuados de estafa.
Además de la pena de prisión, se insta a que los acusados indemnicen a los perjudicados con las cantidades presuntamente estafadas.
