El PP en Ayuntamiento de Málaga pide al Gobierno promover un marco legislativo que "proteja" a familias de la okupación

Archivo - Imagen recurso de unas llaves.

- UGT - Archivo

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el pleno del Consistorio en la que instan al Gobierno central a promover "un marco legislativo que proteja realmente a las familias de la okupación de sus viviendas, a promover viviendas junto al resto de administraciones para asegurar el acceso a las mismas y a garantizar la dotación del personal suficiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Málaga".

Todo, precisan en el texto, con el objeto "de poner coto a la inseguridad jurídica y a la situación de vulnerabilidad y desprotección de las familias, ante casos como el ocurrido recientemente en la Junta de los Caminos, en Puerto de la Torre".

También en la moción el PP propone que el Ayuntamiento de Málaga se compromete "a continuar manteniendo una comunicación fluida y constante con la Asociación de Vecinos de la Junta de los Caminos y Diseminados para conocer de primera mano sus inquietudes y canalizarlas a las distintas administraciones, incluido el propio Ayuntamiento, en función de las competencias legalmente establecidas a cada una de ellas".

En la iniciativa, los 'populares' recuerdan que recientemente la junta de distrito número 10, Puerto de la Torre, ha recibido un escrito de la Asociación de Vecinos de la Junta de los Caminos y Diseminados en el que pone de manifiesto "el temor" de los vecinos "a ser víctimas de la okupación de sus casas".

De acuerdo al relato que realizan, "el pasado 6 de abril en torno a las 15.30 horas se acercaron al Cortijo de los Frailes, en el que hay varias viviendas de diferentes propietarios, un par de furgonetas ocupadas por familias que manifestaron al único vecino que estaba presente, que tenían intención de ocupar una vivienda".

Al parecer, estas personas volvieron por la tarde a la misma zona, llegaron a saltar la valla, merodearon por las distintas viviendas e intentaron echar abajo la puerta de una de ellas, llegando a romper la fachada exterior que es de madera.

"Los propietarios de las viviendas, atemorizados por el relato del único vecino que estaba en esos momentos en la urbanización almorzando con su familia, regresaron a sus domicilios y llamaron tanto a Guardia Civil como a Policía Nacional".

No obstante, según explican en el texto, "la respuesta que obtuvieron fue que no tenían operativos suficientes para enviar y atender el servicio y que, en caso de que se produjese un altercado, volviesen a llamar".

Tras estos hechos, la Asociación de Vecinos de la Junta de los Caminos y Diseminados se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para que desde el Consistorio "se lleven a cabo las gestiones oportunas para garantizar en todo momento la seguridad de los vecinos del diseminado de Los Verdiales y de la Junta de los Caminos así como de todos sus bienes muebles e inmuebles".

En suma, señalan desde el grupo municipal 'popular', piden "tanto protección como recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poder trasladarlas a los vecinos".

"Este incidente, que genera inseguridad y percepción de desprotección y vulnerabilidad entre estos vecinos, no hace sino constatar la inseguridad jurídica en la que el Gobierno de España mantiene a los propietarios de viviendas en nuestro país", han agregado en la moción, en la que precisan que se refieren "no a especuladores ni a grandes tenedores sino a familias que han logrado tener una vivienda después de mucho esfuerzo y ven, perplejas, cómo otras familias hacen ademán de ocuparlas a sabiendas de que una vez dentro no saldrán de allí en años y dejarán en situación de calle a los legítimos propietarios de las mismas".

MARCO JURÍDICO

Por otro lado, han recordado que en muchos plenos se ha abordado el problema del acceso a la vivienda y "la necesidad de un pacto riguroso y serio entre todas las administraciones para tratar de solucionarla", pero, añaden, "está claro es que en paralelo al esfuerzo inversor en vivienda pública, que en el caso de este Ayuntamiento es incuestionable, es necesario un marco jurídico que garantice el respecto a la propiedad privada y que no contribuya a perpetuar situaciones de injusticia social".

También han incidido en que ya han solicitado "en numerosas ocasiones" al Gobierno central, en el que recaen estas competencias, "que se garanticen los desalojos ágiles y en un tiempo razonable de viviendas ocupadas, priorizando la desocupación de las viviendas públicas, y que se incrementen las penas para quienes promuevan la okupación con recomendaciones o instrucciones y quienes ocupen viviendas públicas".

"El esfuerzo por dotar de una vivienda a aquellas familias que la necesiten debe realizarlo la administración y no asumirlo otra familia que, a su vez, pase a estar en situación de vulnerabilidad al ser víctima de la okupación", han apostillado.

Asimismo, añaden que, "además de la promoción de vivienda y de la seguridad jurídica, se hacen necesarios medios humanos en la provincia de Málaga, en lo que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se refiere, para poder actuar con agilidad y urgencia cuando se les necesita" y han pedido a la Subdelegación del Gobierno que "vele por el mantenimiento de la seguridad ciudadana y garantice, para ello, que Málaga dispone del número de efectivos suficientes".

A juicio del PP en el Ayuntamiento, "resulta igualmente llamativo que el ejecutivo central no solo no proteja a las familias de un potencial delito de okupación sino que además, según lo que hemos leído recientemente en medios, se haya planteado llevar a cabo una cruzada contra las empresas de alarmas en domicilio, que hacen referencia al fenómeno de la okupación como uno de los argumentos para instalar uno de estos dispositivos".