MÁLAGA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PP en la Diputación de Málaga presentará una moción en el pleno de este próximo miércoles para que el Gobierno de España autorice a la Junta de Andalucía para la realización de la infraestructura necesaria para llevar a cabo el trasvase de Iznájar.
Así, en la moción, consultada por Europa Press, se recuerda que este trasvase "es una reivindicación histórica no solo por parte del PP sino también de toda la comarca de Antequera". "Este déficit de recursos hídricos ha sido denunciado por nuestra formación desde hace más de diez años encontrando siempre la espalda de quienes estaban por entonces al frente de la Junta de Andalucía", sostienen los 'populares'.
"Con la ejecución de esta actuación, la Junta de Andalucía lidera y se pone al frente del trasvase de Iznájar, una infraestructura que solucionará los graves problemas de desabastecimiento de agua de muchos pueblos de esta zona de la provincia, lo que sin duda va a repercutir, en primer lugar, en garantizar ni más ni menos que el consumo humano; y también que haya recursos hídricos suficientes para cuantas actividades agrícolas y ganaderas sean necesarias", aseguran en el PP.
En la moción se recuerda que la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía actual, ha remitido al Gobierno central el estudio justificativo del proyecto para el trasvase con el objetivo de que sea autorizado por el Consejo de Ministros y así tener garantías para destinar los 50 millones de euros necesarios para crear la red de canalizaciones que conectarán el embalse con los 12 municipios que se repartirían hasta 4,89 hectómetros cúbicos anuales.
El coste de toda la infraestructura, valorado en unos 150 millones de euros, añaden, sería "asumido por la Junta de Andalucía y sólo se está a expensas de la autorización por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo iglesias".
Según el PP, los municipios malagueños de Alameda, Antequera, Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco y Villanueva de Tapia "están única y exclusivamente a la espera de la autorización por parte del Consejo de Ministros para que por fin vean solucionados sus problemas con el abastecimiento y los camiones cisterna, los cuales se han convertido en habituales, desaparezcan".
En definitiva, para el PP, "no se puede permitir que estando el dinero, estando el proyecto, estando la voluntad política de realizarlo por parte de la administración competente se siga bloqueando esta situación por una autorización". "Todos los malagueños de la comarca de Antequera necesitan que Gobierno de España se tome en serio las necesidades hídricas de esta zona", finaliza la moción.
OKUPACIÓN Y PAC
El PP también presentará otras dos mociones relacionadas, por un lado, con la okupación de viviendas y, por otro, con la Política Agraria Común (PAC).
En el primer caso, indica la moción, el PP insta al Gobierno a que "prohíba a los ayuntamientos la posibilidad de empadronar a los okupas en las viviendas ilegales en las que están con los objetivos de recibir ayudas sociales y la imposibilidad de desahucio por parte del propietario, ya que se considerarían empadronados" en esas casas.
También pedirán que el Ejecutivo facilite a las comunidades de vecinos poder actuar directamente ante los tribunales "ante comportamientos violentos de los okupas"; así como que se considere a los propietarios de viviendas ser personas jurídicas y poder actuar ante la okupación de sus casas.
Así, ha reiterado la necesidad de que se ponga en marcha una ley contra la ocupación ilegal de viviendas que incluya recuperar el delito de usurpación con penas de uno a tres años de prisión y que facilite a la Policía poder echar a los okupas en un máximo de 48 horas. Algo que, han aclarado desde el PP, no afectaría a los desahucios por causas de vulnerabilidad social o económica. "Con esta norma buscamos proteger a clases medidas ahorradoras que no tienen por qué ver su casa okupada", han finalizado.
En el caso de la PAC, el PP en la Diputación manifiesta su "apoyo expreso" al posicionamiento de rechazo al Real Decreto de Transición de Ayudas Directas de la Política Agrícola Común (PAC) para los años 2021 y 2022 expresado por el Gobierno andaluz y las organizaciones profesionales agrarias andaluzas "y su posición contraria a la decisión unilateral del Gobierno de España de acelerar el proceso de convergencia de los derechos de pago básico, rompiendo el clima de diálogo y consenso con el que se deben encarar los debates del futuro modelo de la PAC".
También reitera en su moción el PP la necesidad de mantener el enfoque progresivo en relación con los derechos de ayuda, "evitando impactos bruscos y permitiendo a agricultores y ganaderos una adaptación paulatina al nuevo nivel de ayudas, así como proporcionando seguridad jurídica".
