El principal acusado de un asesinato en Málaga en un ajuste de cuentas por narcotráfico niega los hechos en el juicio

MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El principal acusado de su presunta relación con la preparación y realización del asesinato de un hombre por motivos que se desconocen pero posiblemente relacionado con un ajuste de cuentas por droga ocurrido en Málaga capital ha negado este lunes todos los hechos por los que le juzga un jurado popular en la Audiencia malagueña.

El juicio ha comenzado este lunes tras la selección del jurado y la lectura de los escritos de acusación y de defensa, que fueron el pasado viernes. Además de este acusado hay otros tres, los cuales han dicho que no sabían que estuvieran ayudando o encubriendo un asesinato con sus acciones.

La Fiscalía pide 22 años y siete meses de prisión para el principal acusado, quien, según las conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, junto a otro hombre que está en busca y captura, fue el que habría decidido acabar con la vida de la víctima, un ciudadano congoleño residente Francia, por dicho motivo.

Este procesado, que solo ha contestado a las preguntas de su defensa, ha dicho que no participó en los hechos ni conocía a la víctima, además de negar también que quedara con este hombre y que conociera al resto de acusados, sólo a uno.

Pero, según la acusación pública, este procesado y el otro hombre no juzgado "idearon un plan en el que actuando ambos conjuntamente se ejecutaría en la ciudad de Málaga donde aquel sería citado mediante engaño". La víctima llegó en marzo de 2019 al aeropuerto procedente de París, habiendo utilizado un pasaporte francés que no era suyo.

Con la finalidad de "asegurar la muerte" de este "sin riesgo propio alguno", dice el fiscal, el mencionado acusado planeó que se realizaría en las inmediaciones de la depuradora de Emasa, en el polígono Guadalhorce, organizando el traslado a dicho lugar "deshabitado" en vehículos de alquiler.

Conscientes que podrían relacionarlos, solicitaron para ello el auxilio de un conocido, otro de los acusados, quien, según esta acusación, "se prestó a ello, no estando acreditado que conociera de antemano las intenciones de aquellos". Este sería, apuntan, quien pediría la colaboración de los otros dos procesados.

Según el ministerio público, estos se encargarían de alquilar tres vehículos, presentando para formalizar el contrato una carta de identidad italiana falsa, y que fueran trasladados al lugar designado para entregárselo al principal acusado y al otro hombre que está huido con el fin de ir a recoger a la víctima.

Así, estos dos llevaron a la víctima hasta esa zona del polígono y tras bajar del vehículo "le dispararon con un arma de fuego que utilizó solo uno de ellos sin poder concretarse quien, efectuados todos por la espalda, impidiendo de este modo cualquier tipo de defensa y con la finalidad de asegurar el resultado mortal y sin riesgo alguno para los autores".

Estos disparos le ocasionaron la muerte al alcanzarlo en once ocasiones. Se efectuaron a corta distancia y le impactaron en la cabeza, cuello y tronco, afectando a estructuras vitales como pulmones. Esto le produjo la muerte, si bien el fallecimiento se produjo con el último disparo "con el que fue ejecutado el cual alcanzó su cabeza cuando yacía ya caído en el suelo".

Tras esto, se dirigieron a Marbella (Málaga) donde dejaron los coches y ordenaron a uno de los supuestos intermediarios que limpiara el interior, momento en el que los tres supuestos colaboradores tuvieron conocimiento de que habían sido utilizados para tal fin.

Por estos hechos, el fiscal acusa al principal procesado de los delitos de asesinato, tenencia ilícita de arma de fuego, falsedad en documento oficial cometido por particular y de uso documento de identidad autentico, solicitando en total 22 años y siete meses de prisión.

Asimismo, a los otros tres los acusa de un delito de encubrimiento, solicitando para dos de ellos un año y diez meses de cárcel y para otro, un año y once meses de prisión. A este, además, le acusa de un delito de tenencia de arma prohibida, por lo que añade un año y once meses de cárcel.

Como indemnización, la Fiscalía insta a que indemnicen a los padres con 188.000 euros por los daños morales ocasionados por la muerte de su hijo.