ALMONTE (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)
El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, ha mostrado este jueves su satisfacción después del acuerdo alcanzado en el Parlamento de remitir al Congreso de los Diputados la proposición de Ley Orgánica, presentada por el grupo parlamentario socialista, para la delegación de competencias a la comunidad sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz a través de la vía del artículo 150.2 de la Constitución, aunque ha asegurado que se trata de "una satisfacción contenida" en lo que respecta a las enmiendas presentadas por el PP, que no le dan "ninguna tranquilidad".
En declaraciones a los periodistas antes del pleno del Consejo de Participación de Doñana celebrado en Almonte (Huelva), ha hecho hincapié en que sí le "da tranquilidad" el hecho de que el Parlamento de Andalucía, por unanimidad y en representación de la totalidad de los andaluces, le reclame al Gobierno de España que, a través del artículo 150.2 de la Constitución, la comunidad autónoma pueda hacer aquello que el Gobierno andaluz "considera imprescindible, como es gestionar las aguas del Guadalquivir que transcurren por Andalucía".
"Creo que lo hemos hecho bien durante dos años y medio", ha señalado Díaz Trillo refiriéndose al período de tiempo en el que las competencias de las aguas del Guadalquivir eran de la Junta.
En esta línea, según ha asegurado, "hemos demostrado que somos adultos en materia de gestión de las aguas del Guadalquivir y por tanto, en ese sentido, satisfacción".
En la jornada de este miércoles, los tres grupos aprobaron el dictamen de la proposición de ley orgánica, si bien el PP-A pidió votación separada de artículos de la iniciativa, de manera que rechazó algunos de ellos y en otros se abstuvo o votó a favor.
La nueva Cámara Baja, con mayoría absoluta del PP, será la que tenga la última palabra sobre este asunto, que ha quedado abierto tras no haber sido posible un acuerdo entre el actual Gobierno central y la Junta. Ambas administraciones intentaron buscar una solución tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que recogía las competencias exclusivas de la comunidad sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren íntegramente por su territorio.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo, en términos de legalidad, de un informe elaborado por el Consejo Consultivo y que fue solicitado por los tres grupos parlamentarios.