La Junta hará las propuestas de resolución ante actos administrativos pero será el Gobierno el que resuelva
MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y el consejero andaluz del ramo, José Juan Díaz Trillo, han firmado este jueves en Madrid el convenio de colaboración por el que se encomienda al Gobierno andaluz la gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por Andalucía.
Ambas administraciones rubrican así esta medida temporal --que prevé seis meses de duración-- y provisional para garantizar la continuidad y normalidad en la prestación de este servicio público y que es necesaria para la adecuación al ordenamiento jurídico de la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 de marzo que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía que daba las competencias exclusivas a la Administración autonómica.
Tras la firma del acuerdo, la propia Aguilar ha explicado que la diferencia entre la situación anterior, desde que las competencias sobre la cuenca del río fueron transferidas a la Junta, y la actual reside en que ahora la Junta gestionará todas las competencias y, aquellas que requieran actos administrativos de resolución, sólo las abordará hasta el informe en el que haga la propuesta de resolución.
Así, el siguiente paso, la propia resolución como tal, la llevará a efecto la Administración General del Estado. "Antes la Administración autonómica culminaba todo el procedimiento y ahora ésta llega hasta la propuesta de resolución inclusive pero no hasta el final del procedimiento", ha indicado.
Con respecto a la posibilidad de que la solución definitiva para la gestión de la cuenca pueda devolver a la Junta la capacidad de resolución de los actos administrativos, Díaz Trillo ha empleado "la metáfora que usa el presidente Griñán": "Cuando lleguemos al río, cruzaremos el puente".
Por su parte, Aguilar ha mantenido que existe la "mayor voluntad" en este sentido pero teniendo en cuenta la existencia de la sentencia del Constitucional. "Sobre las dos cosas tendremos que trabajar".
El Ministerio considera que la encomienda de gestión es la fórmula que mejor responde a las necesidades de compromiso mutuo y urgencia de una solución, ya que permite poner en marcha de manera rápida el procedimiento que evite cualquier efecto negativo en la gestión de la cuenca, al tiempo que dota de seguridad jurídica a las actuaciones de los órganos administrativos desde el momento de la entrada en vigor de dicha sentencia.
En este sentido, el consejero andaluz también ha destacado que esta propuesta, además de poner de manifiesto la "celeridad, prontitud y utilidad de la política" da "seguridad jurídica" para poder seguir prestando el "mejor servicio".
Díaz Trillo ha aprovechado para recordar que "en paralelo" a esta solución temporal "discurre otro cauce de colaboración política para analizar la solución definitiva a la gestión del Guadalquivir en Andalucía" y en este sentido, ha dicho que esa respuesta final se procurará encontrar antes de que acaben los seis meses previstos.
Preguntados por la colaboración con las otras administraciones regionales por cuyos territorios discurre el Guadalquivir, Díaz Trillo ha recordado que "hay un ámbito de planificación con las comunidades y el Gobierno central,la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir" y ha incidido en la "colaboración estrecha, leal y constante" con la que la Junta "seguirá cooperando".
Por su parte, Aguilar ha subrayado, como ya hiciera la pasada semana al término de la Comisión Bilateral, que es Andalucía con la que el Gobierno firma este convenio porque ésta es la que tenía las competencias pero también ha conversado con Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, cuyo Gobierno presentó el recurso que dio origen a la inconstitucionalidad del artículo 51 del Estatuto.
"Es habitual en el Gobierno y en el Ministerio que el diálogo institucional sea cotidiano y habitual, se producen una serie de decisiones y de pasos que se hacen con quien se debe, el Gobierno de Andalucía, pero también se ha hablado con Extremadura", ha indicado.
GASTOS DE LA ENCOMIENDA
Por otra parte, el convenio establece que Andalucía se hará cargo de los gastos derivados de la ejecución de la encomienda de gestión. En ese sentido, le corresponden los ingresos obtenidos por la recaudación de cánones y tarifas integrantes del régimen económico-financiero del dominio público hidráulico, sanciones e indemnizaciones, junto con el resto de los medios financieros traspasados.
Por el mismo también se constituye una comisión de seguimiento integrada por un número igual de representantes de la Administración General del Estado y de la comunidad autónoma, presidida por la primera y que se reunirá tantas veces como sea necesario para la coordinación y el mejor cumplimiento de las actuaciones recogidas en el convenio.
