SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía resaltó hoy la puesta en marcha del Plan de Infraestructuras de Depuración para toda Andalucía que se aprobará dos meses después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Aguas y que conseguirá completar el mapa de infraestructuras de depuración en toda Andalucía, con la generación de 25.000 empleos.
Según indicó la Consejería de Medio Ambiente en un comunicado, esto supondrá la construcción de 300 nuevas plantas depuradoras, gracias a una inversión de alrededor de 1.500 millones de euros, con un empleo asociado de 25.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
El proyecto de Ley de Aguas, que actualmente se tramita en el Parlamento andaluz, obliga al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a aprobar, en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor, un programa de actuaciones de infraestructuras para la consecución de los objetivos de la calidad de las aguas establecidos por la DMA.
Este compromiso se reflejará en la construcción de nuevas infraestructuras de depuración en toda Andalucía, para que el agua sea devuelta al medio natural en las mejores condiciones posibles y de este modo conseguir cumplir con la obligación marcada por Europa.
Medio Ambiente afirmó que el proyecto de Ley de Aguas "no sólo cumple con los objetivos de la Directiva Marco, sino que es absolutamente respetuoso con el ordenamiento estatal, a la vez que lo complementa con las necesidades específicas de la Comunidad Autónoma Andaluza".
En este sentido, aseguró que la normativa andaluza respeta la gestión unificada de cuenca para la planificación hidrológica, a la vez que acerca la gestión diaria de los usuarios del agua a sus provincias para homogeneizar la prestación de un servicio de igual calidad para todos los andaluces.
En lo que respecta al régimen concesional de derechos de aprovechamientos de este recurso, tanto superficial como subterráneo, la Ley regula la constitución de los bancos públicos del agua en las distintas demarcaciones para conseguir la flexibilización del régimen concesional y dar así entrada a nuevos usos, que supongan un mayor valor añadido en términos de generación de riqueza y empleo, siempre que se respeten los derechos de titulares actuales.
La entrada de nuevos usos también será posible, gracias al ahorro de agua generado por la modernización de los regadíos, que supondrá un aprovechamiento más eficiente del recurso.
Finalmente, otra de las grandes novedades de la normativa andaluza es la creación y regulación del Observatorio Público del Agua, que será un instrumento clave para la participación pública y transparencia informativa en la gestión que la Administración llevará a cabo en materia hidráulica.
