CÓRDOBA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
Unos 214 saharauis han perdido ya su nacionalidad española en Córdoba después de que la Fiscalía de Córdoba haya iniciado un proceso para revocarlo después de que se tramitaran unos 800 expedientes en el Registro Civil, en un efecto llamada que ocasionó que se colapsara la administración sobre el pasado mes de mayo.
Según informó a Europa Press Laura Ortiz, miembro del Grupo Jaima en apoyo al pueblo saharaui, "la situación que se ha originado es una sinrazón y no se entiende cómo por un lado el Gobierno ha ofrecido la nacionalidad española a la activista saharaui y defensora de los derechos humanos Aminatou Haidar y en el caso de Córdoba se retira a 214 personas".
El colectivo mostró su preocupación por este hecho y adelantó que próximamente realizarán una campaña para ver qué pueden hacer al respecto y encontrar una vía de solución a lo que está ocurriendo en Córdoba.
Esta situación se originó el pasado mes de mayo cuando el juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, salió al paso de los expedientes de consolidación de nacionalidad de la población saharaui que tramitó el Registro Civil de Córdoba, lo que consideró una actividad ilícita porque decía que no era el competente para ello. Y es que en el Registro Civil de Córdoba no se exigía el certificado de empadronamiento y muchos saharauis venían a Córdoba a tramitar su nacionalidad.
Rabasa manifestó que se estaba llevando a cabo en un registro civil que no es competente porque para su tramitación se justificaba en el hecho de que son apátridas y esa condición se tiene que reconocer por el Ministerio de Interior. Además, subrayó que estos ciudadanos "no están residiendo en España, la mayoría de ellos nunca han tenido la nacionalidad española y por tanto no se trata de una consolidación de lo que nunca han tenido, sino que, en su caso, podrían optar a través de otro tipo de expediente, que no se corresponde en absoluto con lo que estaba sucediendo en Córdoba".
Entonces, el juez decano ya informó de que la Fiscalía de Córdoba, en unión del Fiscal General del Estado, tenía intención de "recurrir todos y cada uno de los expedientes de consolidación de nacionalidad española porque en su mayor parte nunca han sido españoles y viola la ley".
Por su parte, el fiscal alegó que los expedientes se tramitaron sin su informe y hay que revisarlos. Así, en una nota de prensa el fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro, aseveró que el ministerio público "solicitará la práctica de cuantas diligencias se estimen necesarias para esclarecer el domicilio del promotor del expediente, e informará en el sentido de estimar la incompetencia del juzgado encargado del Registro Civil donde se presente la solicitud si no resultara acreditado que el promotor tiene residencia en ese partido judicial".
En ese comunicado se señalaba que la competencia de anotar marginalmente en la inscripción de nacimiento corresponde al Registro Civil donde se produjo el nacimiento, y en el caso de los saharauis "corresponderá al Registro Civil Central".
