El juez dice que no consta que se haya concedido autorización para instalar la ITV, ni que se hayan realizado obras para adecuación de accesos
CÓRDOBA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba ha absuelto al alcalde de la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera, Francisco Paniagua (PSOE), así como al exconcejal de Urbanismo F.J.P.V. y el exsecretario municipal R.R.G., de la supuesta comisión de un delito de prevaricación urbanística que se les imputaba en la concesión de la licencia para la nave de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) del citado municipio
En concreto, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que en la comisión de gobierno del 14 de noviembre de 2001 celebrada en el Ayuntamiento de Aguilar, se trató la solicitud presentada por un particular para informe "favorable" sobre la declaración de utilidad pública e interés social acerca de la nave industrial destinada a la ITV, en la carretera Córdoba-Málaga.
Se aprobó la misma a la vista del informe emitido por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo, con solicitud de informe previo a la Delegación de Obras Públicas y Transportes de la Junta en Córdoba, que emitió con carácter "favorable" en 2002 para la autorización de edificación e instalación en suelo no urbanizable para la ITV, promovida por el particular.
Posteriormente, en la comisión de gobierno del 26 de febrero de 2002, se acordó autorizar la construcción-instalación en dicho suelo, "debiendo asegurarse" el particular "la vinculación de la superficie total de la parcela a la edificación e instalación prevista, así como la obtención de licencia de obras y de actividad correspondiente". Así, el Consistorio inició actuaciones para que el en el futuro mapa de nuevas implantaciones de ITV se incluyera a Aguilar como "zona prioritaria", como apunta la sentencia.
El 25 de noviembre de 2004, el particular promovió el expediente de licencia de obras, adjuntando los proyectos y documentación. Aunque en el expediente urbanístico consta un informe del 11 de febrero de 2005, en el que se observan algunas "deficiencias" para la construcción, en abril de 2005 "se dieron por subsanadas".
También se solicitó el proyecto de Demarcación de Carreteras y, tras recibirlo, de nuevo se emitió un informe por la arquitecta municipal en julio de 2006, en el que se ponía como observación "la necesidad de resolver la reordenación de accesos", tal y como se especifica en el informe de carreteras y "cumplir con todos los requisitos" para su autorización por la unidad de carreteras.
Así, con fecha 21 de julio de 2006, la asesora jurídica emitió un informe en el que se señalaba que podría autorizarse la concesión de licencia "teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el informe técnico".
En concreto, desde el año 2000 existían actuaciones para la cesión de la zona de la antigua carretera en la que se encontraba la parcela entre el Estado y el Ayuntamiento, y de hecho, apunta el juez, en el año 2007 se produjo la cesión formal.
LICENCIA "POR UNANIMIDAD"
Con toda la documentación, la licencia fue elevada a la Junta de Gobierno Local del 28 de julio de 2006, que concedió "por unanimidad" la misma, con la presencia del alcalde y el exsecretario, pero no estuvo en la misma el exedil de Urbanismo, quien "no consta que interviniera en la tramitación del expediente".
Según el magistrado, "ninguno de los informes aludidos hacía referencia a la necesidad de obtención de licencia de explotación para ITV"; a lo que añade que la nave se encuentra prácticamente terminada en la actualidad, "sin que conste que se haya concedido autorización para la instalación de ITV al constructor y sin que tampoco conste que se hayan realizado obras para adecuación de accesos a tal nave".
Igualmente, señala que "no se ha acreditado que la voluntad de todos quienes han intervenido en la tramitación de la declaración de interés social y concesión de la licencia fuese otra que, efectivamente, lograr la construcción en la localidad de una ITV".
