JAÉN, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), ha anunciado que este martes va a remitir una carta a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, para pedirle una reunión al objeto de que "a la mayor brevedad posible se establezca un nuevo convenio de colaboración" entre la Administración andaluza y el Ayuntamiento en materia de dependencia, para "cumplir" así la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de la capital, que este lunes estimó el recurso que el Gobierno andaluz había interpuesto contra el decreto municipal de noviembre de 2013 que asignaba a la citada Consejería "la prestación del servicio" de ayuda a domicilio.
En una rueda de prensa junto a la concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, para valorar dicha sentencia, el alcalde ha avanzado además que si "en un brevísimo plazo de tiempo" la consejera no contesta a su misiva, pedirá "la ejecución inmediata de la sentencia", que entiende que le "da la razón" al Ayuntamiento al estimar que el convenio suscrito en 2007 entre la Junta y la Administración local para la dependencia fue denunciado en octubre de 2013 por esta última "en tiempo y forma", por lo que "no está vigente".
De esta manera, "hay que establecer un nuevo marco de colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento", según ha comentado Fernández de Moya, que se ha mostrado "muy satisfecho" por la sentencia conocida este lunes, que considera un "soporte judicial" a sus demandas y un "varapalo judicial y severo correctivo" para el Gobierno andaluz.
En esa línea, ha argumentado que la sentencia propina tres "bofetadas" a la Junta, ya que determina que la denuncia del convenio por parte del Ayuntamiento "se hizo en tiempo y forma, pese a que la Junta siempre lo negó", así como en ella "el juez reconoce que la Junta no paga una competencia que es exclusiva suya", y le insta a "negociar ya" con el Consistorio un nuevo convenio.
Fernández de Moya se ha detenido así en destacar la parte de la sentencia en la que el juez señala que la denuncia del convenio de 2007 "debe interpretarse como una llamada a la contraparte a la renovación del convenio, a la negociación interadministrativa para que en el nuevo pacto se superen las dificultades surgidas".
El alcalde también ha cuestionado que el decreto municipal revocado por la sentencia estuviera "en ejecución", ya que el Ayuntamiento "nunca ha dejado de prestar el servicio" de la ayuda a domicilio "en el ámbito de la tramitación administrativa, que es la que le corresponde", porque para la Administración local "lo primero siempre han sido y serán las personas".
Así, ha insistido en remachar que el Ayuntamiento "solo es ente público colaborador" con la Junta en esta materia, y lo que la sentencia determina es que "esa colaboración se tiene que seguir manteniendo", y ha subrayado que el "origen del conflicto" se sitúa en octubre de 2013, cuando la Administración autonómica "prácticamente adeudaba dos millones de euros en impagos de la dependencia" al Consistorio, que decidió así denunciar el convenio.
De esta manera, el equipo de gobierno está "satisfecho" con la sentencia porque con ella "un juez le pone los puntos sobre las íes a la Junta", que "era lo que quería" el Ayuntamiento, el que "a través de una sentencia judicial se le dijera a la Junta que negociara un nuevo convenio".
'FLA SOCIAL'
De cara a ese nuevo "marco de colaboración", la Junta podría "tomar como base" la propuesta de nuevo convenio que, según ha recordado el alcalde, su equipo de gobierno presentó el 3 de febrero del año pasado y del que hasta ahora ha recibido "la callada por respuesta" por parte del Gobierno andaluz, que "ni siquiera se ha sentado a negociar" el mismo.
Fernández de Moya ha reivindicado además la necesidad de firmar un nuevo convenio para que el Ayuntamiento pueda acogerse al 'FLA social' puesto en marcha desde primeros de año por el Gobierno central, en virtud del cual el Ejecutivo "podrá retener dinero a las comunidades autónomas" a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) "si no hacen frente a gasto social que es de su competencia como la dependencia", según ha abundado.
El alcalde ha explicado que "para acogerse" a ese mecanismo "hay que inscribir los convenios suscritos entre el Ayuntamiento y la Junta", algo que ahora mismo el Consistorio no puede hacer porque "no hay convenio", ya que el de 2007 está "denunciado en tiempo y forma", de ahí que urja la negociación de uno nuevo "hoy mejor que mañana", para que la Administración local "lo inscriba en el FLA social y pueda exigir al Gobierno la retención de la PIE a la Junta para pagar la dependencia".
El regidor también ha advertido de que el "último pago" realizado por la Junta para la ayuda a domicilio corresponde "al primero del segundo semestre del año pasado, es decir, a julio", por lo que "adeuda actualmente al Ayuntamiento "agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre" de 2014, y también "enero y febrero" de este año "si se toma como referencia el convenio denunciado", ya que éste establecía que el Gobierno autonómico "tenía que pagar con 60 días de antelación".
Tras subrayar que el Ayuntamiento "no es agente financiador" en esta materia, ha aseverado que "aquí ya no valen excusas y hay que cumplir la sentencia judicial", por lo que solo concede un "plazo brevísimo de tiempo" a la consejera para recibir una respuesta antes de solicitar la "ejecución inmediata" del pronunciamiento judicial.
Así las cosas, Fernández de Moya ha descartado que el Ayuntamiento vaya a recurrir la sentencia, que concibe como un "soporte judicial" para sus tesis, a las que les da "la razón de la 'a' a la zeta", y ha apuntado que su propuesta para un nuevo convenio pasa por que la Junta "transfiera directamente el dinero a la empresa" concesionaria de la ayuda a domicilio. También ha relativizado que la sentencia imponga al Consistorio el pago de las costas, algo que ha enmarcado como propio "en el ámbito del derecho procesal" y "no tiene mayor relevancia".
MENSAJE AL PSOE
Por su parte, la concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, se ha referido a la reunión prevista este martes entre el PSOE y el comité de empresa de la concesionaria de la ayuda a domicilio, Multiservicios Jabalcuz, en la que espera que el secretario general de los socialistas de la capital y candidato a la Alcaldía, Manuel Fernández, "le explique" a las trabajadoras "por qué cuando él era concejal de Hacienda --en la anterior legislatura-- y llegaba el dinero de la Junta al Ayuntamiento para pagar la dependencia no se le pagaba a la empresa".
Tras apuntar que el PP se encontró a la llegada a la Alcaldía, en junio de 2011, con "una deuda de casi tres millones de euros para la dependencia", Chamorro también ha expresado su deseo de que el PSOE "le pida a la Junta que se siente a negociar con el Ayuntamiento un nuevo convenio", porque "si alguien pone en riesgo" la prestación del servicio "es quien no paga".
Por último, también ha expresado su deseo de que la Junta "cumpla el compromiso adquirido en el último Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla)", el de que "no se acumulasen más de dos meses de deuda".
