Andalucía atiende ya casi a 700 menores migrantes que ha enviado el Gobierno "camuflados" como adultos

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado este jueves que Andalucía roza los 700 menores migrantes atendidos tras haber llegado a la comunidad "camuflados" como adultos. Menores a los que "no los reconoce el Gobierno". Un asunto que la Junta de Andalucía ha puesto en manos de los tribunales. En respuesta a Vox en comisión parlamentaria, la titular andaluza con competencias en migraciones ha explicado que la Fiscalía ha confirmado que a Andalucía han llegado, hasta la fecha, 697 migrantes "por la puerta de atrás", ya que el Gobierno los ha enviado a la comunidad como si fuera adultos cuando son realmente menores.

La Junta de Andalucía advertía de que el Sistema de Protección de Menores de Andalucía "está en jaque" desde hace meses debido a las políticas migratorias del Gobierno de España "pactadas directamente con un prófugo de la Justicia". "Al Ejecutivo le importa muy poco poner en riesgo la protección y la atención de los niños, solo antepone el interés político", lamentaba hace meses la consejera de Inclusión Social. Esta situación ha llevado a la Junta a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, que acuerda el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, al entender que se ha producido con él por parte del Gobierno central una "invasión de competencias".

El Gobierno decidió dicho reparto de menores "sin diálogo y sin negociación" con las comunidades autónomas, que "al final somos las verdaderamente afectadas", remarcaba la Junta. "Andalucía es una tierra solidaria, de acogida, pero no podemos hacernos cargo de los menores a capricho del Gobierno y, sobre todo, sin los medios económicos necesarios para atender a esos menores como verdaderamente merecen".

El objetivo de Andalucía es "garantizar una atención digna y de calidad a los menores, tanto a los que se van a trasladar como a los que ya forman parte del sistema de protección andaluz y evitar que se vean afectados por decisiones impuestas que no van acompañadas de recursos". Desde la Junta explican que la norma estatal modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e introduce una nueva regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, su posible traslado entre las comunidades autónomas y los mecanismos de actuación ante situaciones migratorias excepcionales.

El Gobierno andaluz "pone en tela de juicio" la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifica la aprobación de este real decreto. Así, asevera que, "si bien la crisis migratoria ha estado presente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022", por lo que entiende que "no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la Ley Orgánica 4/2000".

La Junta de Andalucía considera también que el texto aprobado "extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores, y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos". Por otro lado, el Gobierno andaluz "cuestiona la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes de la sobreocupación por menores extranjeros no acompañados, al establecer la creación del fondo, pero no su regulación, provocando una situación de inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución Española".

Con la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, la Junta de Andalucía "defiende su autonomía competencial y demanda un trato equitativo para todas las comunidades que conforman el Estado español". Además, pone el foco en "la necesidad de preservar la dignidad de los menores y garantizar sus derechos", por lo que muestra su "profundo rechazo a que se les trate como mercancía al servicio del interés político".