SEVILLA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado en el Parlamento andaluz que la Junta reclamará al Gobierno central que el peso poblacional sea uno de los criterios para establecer el reparto de los créditos con cargo al 0,7 por ciento del IRPF.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado este jueves en el Parlamento que "Andalucía financia un total de 710 actuaciones a entidades sociales a través de subvenciones a cargo del 0,7% del IRPF", unas ayudas dirigidas a grupos de población en riesgo de vulnerabilidad "y que requieren de atención social preferente", según el balance del primer año de gestión de estas subvenciones por parte del Gobierno andaluz.
Los programas que se financian gracias a la casilla Actividades de Interés Social van dirigidos, principalmente, a la infancia, a las familias, a la juventud, a las personas mayores, a las personas con discapacidad o a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
Durante su intervención, Sánchez Rubio ha resaltado "la agilidad en la gestión de la convocatoria". El montante de la convocatoria ha ascendido a 39,2 millones, de los que 7,5 han estado dirigidos a proyectos de inversión y el resto a programas en los distintos sectores, "ejecutando el 100% de los recursos".
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha detallado que "hemos financiado 510 programas y unos 200 proyectos de inversión". En cuanto a los criterios de valoración de las entidades se ha otorgado en régimen de concurrencia competitiva, y se han tenido en cuenta la experiencia de las entidades y el alcance de los proyectos.
NUEVO MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, Sánchez Rubio ha informado que "en el seno del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha creado un grupo de trabajo en el que Andalucía está ya participando en cuestiones tan importantes como es la fijación de los créditos correspondientes al IRPF".
En este sentido, ha señalado que Andalucía defiende "un modelo marco con una distribución de créditos a cuatro años donde las comunidades autónomas vayan progresivamente aumentando el porcentaje de gestión del 80 por ciento actual al 100 por cien con una parte fija correspondiente al crédito gestionado en el ejercicio anterior, con una parte variable, que iría aumentando año tras año, que se distribuiría siguiendo unos criterios".
"Dichos indicadores serían el criterio poblacional, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social y la tasa media de desempleo", ha detallado. "Necesitamos con urgencia aplicar esos criterios", ha aseverado.
"No quepa duda alguna que el Gobierno andaluz va a seguir trabajando en la cohesión social desde todos los frentes, en este caso en el apoyo a las entidades del tercer sector que tan buena y noble labor realizan al servicio del conjunto de la sociedad andaluza", ha añadido la consejera.
La diputada del PSOE Soledad Pérez ha criticado la actitud del Gobierno "y su falta de agilidad para determinar cuáles son los criterios de reparto", tras lo que ha advertido de que "existe gran preocupación en el tercer sector, y deberíamos tener respuesta del Gobierno central acerca de esos criterios".