Por Andalucía señala "la competencia exclusiva" de la Junta ante las exigencias laborales de la huelga de médicos

La diputada del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez, este miércoles en rueda de prensa.
La diputada del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez, este miércoles en rueda de prensa. - Joaquin Corchero - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 10 diciembre 2025 11:34

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez ha sostenido este miércoles sobre el seguimiento en Andalucía de las cuatro jornadas de huelga que esta semana protagonizan los médicos, y que hacen en rechazo de un nuevo Estatuto Marco del Personal Sanitario de los servicios de salud, obedecen "la mayoría de las reivindicaciones son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía", en alusión a la duración de los contratos y la retribución de los profesionales.

En rueda de prensa en la sede parlamentaria Gómez ha considerado que "se están confundiendo las cosas" ante un seguimiento que ha calificado de "alto" por los profesionales por cuanto ha señalado que "si Moreno Bonilla hiciera lo que tiene que hacer", que ha concretado en "tratar al personal bien, a los usuarios", "no estaríamos en estas condiciones".

La también coordinadora de Sumar Andalucía se ha reafirmado en la conclusión de que "este seguimiento es producto de su mala gestión en el el ámbito de sus competencias", antes de expresar su deseo "de que haya más diálogo", que ha reafirmado con un "ojalá".

Gómez Corona, quien ha afirmado que "el Estatuto Marco se queda corto en el límite de las competencias estatales" al señalar que las competencias sanitarias son de gestión autonómica, ha apostado por que esta herramienta legal de regulación de la actividad del personal médico "responda a la mayor parte de los problemas que aduce el personal médico", aunque ha lamentado que de fondo queda una gestión de la sanidad por la Junta de Andalucía donde "se tritura el servicio público y favorece los contratos a dedo troceados para favorecer a la sanidad privada".

"Es el modelo de Madrid adelgazando el sistema público de salud", ha continuado razonando en este sentido, antes de asegurar que "es un despropósito que no vamos a dejar de denunciarlo ni un solo día".

"BUENA NOTICIA LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO"

La dirigente de Sumar Andalucía se ha pronunciado también sobre la providencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, del día 4 y que se conoció el martes 8, acerca de solicitar a la Intervención General del Estado (IGAE) que participe como perito en las Diligencias Previas que se siguen en ese órgano judicial por el fraccionamiento de contratos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que tiene a PSOE de Andalucía y Podemos Andalucía como acusación popular.

"Es una buena noticia tener la opinión técnica de la Intervención del Estado, que analice de manera más neutral si ha habido presiones por parte de la Junta de Andalucía".

Gómez Corona ha considerado que recurrir al auxilio judicial de la Intervención del Estado "ni es anómalo ni habitual" pero ha considerado necesaria esa participación después de recordar que fueron los informes de la propia Intervención de la Junta los que "dieron la voz alarma ante el troceamiento de contratos en el SAS".

Ha apelado a las distintas versiones que se han escuchado en las declaraciones testificales en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en el marco de las Diligencias Previas 2476/2024 sobre la contratación de emergencia del SAS pasada la pandemia de coronavirus, entre ellas la de la hoy viceconsejera de Economía y entonces interventora, Amelia Martínez, para considerar la necesidad de que "la Intervención del Estado ponga un poco de orden".

La diputada de Por Andalucía ha considerado que estamos ante "un caso de corrupción política de libro" al recordar que se ha producido la adjudicación de contratos a "una misma empresa el mismo día", por lo que ha planteado la necesidad de conocer si ha habido "menoscabo de la Hacienda andaluza" después de recordar la adjudicación de 1.225 millones de euros "burlando la normativa de contratos del Estado" y apelar a que el gasto de "cada euro se haga de la mejor manera posible y no se acaba llenando los bolsillos de la empresa privada".

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