Andalucía volverá a 35 horas de jornada laboral, sin no presenciales "transitorias", una vez que el Gobierno lo apruebe

María Jesús Montero (3ª izda) en la foto de familia previa a su conferencia
EUROPA PRESS
Publicado 19/03/2018 13:04:27CET

CÓRDOBA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta volverá a las 35 horas semanales de jornada laboral en el sector público andaluz, sin las 2,5 horas no presenciales establecidas en el acuerdo del pasado mes de diciembre, de carácter "transitorio", una vez que el Gobierno central apruebe la medida para todo el Estado y compruebe el cumplimiento del objetivo de estabilidad, según ha anunciado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.

Montero ha intervenido este lunes en Córdoba en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, Orange y laboratorios VIR, donde ha felicitado por los acuerdos entre Gobierno y sindicatos a nivel nacional en materia de recuperación de derechos y de la jornada laboral de 35 horas

Sobre la aplicación práctica de la jornada de 35 horas en Andalucía tras el acuerdo Gobierno-sindicatos, la consejera ha explicado que ahora se tiene que seguir aplicando lo que hay actualmente "pues primero el Gobierno debe aprobar o los PGE o el decreto ley, y eso aún no ha ocurrido; posteriormente el Gobierno debe comprobar el cumplimiento de la estabilidad, pues ha supeditado la vuelta a las 35 horas a dicho cumplimiento, "y en ese momento pasaríamos a nuestra intención original, que es aplicar la jornada de 35 horas, no las no presenciales, que fueron transitorias hasta que esa decisión se pueda acometer por parte del Gobierno de España".

Montero ha reconocido sentirse "perpleja" por la actitud del Gobierno sobre las 35 horas, de forma que reconoce "no entender nada" sobre este asunto, toda vez que "no se podía entender cómo, después de que Andalucía pusiera en marcha en 2015, de acuerdo con los sindicatos, una reforma que incluía medidas con las 35 horas, y tras haber demostrado que había hecho compatible la instauración de esa jornada con el cumplimiento del objetivo de déficit y del objetivo de estabilidad, por qué el Gobierno, por mor de cuestiones que nunca se explicaron, llevó la medida al Tribunal Constitucional".

"Eso no se entiende, la única explicación posible es que el Gobierno central pensó que esto no era un derecho y que no había que recuperar como tal aquello que se había quedado aparcado durante la crisis", ha aseverado Montero, quien ha lamentado que el Ejecutivo central "no ha dialogado, presentó el recurso a los nueve meses de estar instaurado el acuerdo, con los efectos que suponía sobre las jornadas de 270.000 empleados públicos".

A su juicio, "todo esto ha sido un galimatías para, al final, dar a las comunidades autónomas la capacidad, a través del acuerdo alcanzado ahora a nivel nacional, de poner en marcha las 35 horas". Considera que "todo eso se hizo para que Andalucía se viera perjudicada".

Montero se ha preguntado "si el Gobierno creía en la medida de las 35 horas, por qué no la acompañó y sí la llevó al TC; y si no creía en ella, por qué la pone en marcha ahora".

"SI EN ALGO HEMOS CONTRIBUIDO, BIENVENIDO SEA"

"Estoy perpleja ante lo que ha hecho el Gobierno con las 35 horas", ha aseverado Montero, quien ha resaltado el papel de Andalucía en ese sentido, puesto que "no ha habido duda de que Andalucía creyó en la senda de recuperación de derechos, que empezaba con la jornada, sigue con las retribuciones".

Por ello, reconoce que "si Andalucía ha contribuido a que los acuerdos sindicales hayan sido una realidad, que el conjunto de empleados públicos estén en la senda de recuperación de derechos, y a que el Gobierno de España haya cambiado el paso, ahora no se trata de reproches, sino se trata de aprovecharlo; a pesar de lo que hemos sufrido, bienvenido sea".

Montero ha felicitado a las organizaciones sindicales por haber llegado a ese acuerdo "que permite que los empleados públicos puedan recuperar parte del poder adquisitivo que perdieron durante la crisis, es de justicia ese reconocimiento a los empleados públicos, que a pulmón, con su disminución de salarios han sido capaces de sostener el Estado del Bienestar y que no disminuya la carta de servicios".

Ha recordado además que el incremento salarial en el sector de los empleados públicos "tiene efectos directos en el consumo, en la creación de empleo y en la creación de riqueza, lo cual supone un efecto indirecto para el dinamismo y el impulso económico".