SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -
María de la Palma Muñoz, letrada de la asesoría jurídica del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), desde 2003 hasta 2015, ejerciendo de coordinadora y de directora, ha señalado este lunes que su departamento "nunca pudo realizar" informe de legalidad sobre los convenios particulares de concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos porque los expedientes administrativos de los mismos se encontraban en la Dirección General de Trabajo, órgano concedente.
Así lo ha manifestado Muñoz este lunes en la continuación de su declaración como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y directas a empresas en crisis en los ERE.
La testigo ha indicado, a este respecto, a partir de 2003, cuando ella ya se encontraba en la asesoría jurídica, los convenios particulares de ayudas pasaban por este departamento, que comprobaba que se cumplían las autorizaciones de gasto que exigía el reglamento del instituto, si bien, los expedientes administrativos de los convenios residían en la Dirección General de Trabajo, por lo que "nunca" pudieron hacer informes de legalidad sobre los mismos.
En este sentido, ha indicado que de sus "superiores", entre ellos Francisco José Oyonarte --secretario general de IFA y jefe de la asesoría jurídica-- nunca
recibió señal de alarma al respecto.
María de la Palma Muñoz, como ya hiciera el pasado miércoles, ha indicado que IFA/IDEA era un ente instrumental de la Junta, con capacidad subvencionadora, y que "no tenía capacidad de decisión" en el procedimiento de concesión de ayudas. "Todo venía decidido por el titular de la Dirección General de Trabajo, pues IFA/IDEA no tenía funciones atribuidas, ni los medios para decidir ni el propio expediente administrativo", ha añadido.
En IFA/IDEA "sólo existía una orden de pago" ha afirmado la testigo, que ha expresado que de su análisis de los convenios particulares en la asesoría jurídica le llamó la atención la concentración de ayudas en zonas geográficas concretas.
Sobre el convenio marco firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA en julio de 2001 para que el ente instrumental abonara las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L, Muñoz ha señalado que a la asesoría jurídica "no le llamó la atención" y "siempre partimos de la legalidad del instrumento".
A su juicio, el convenio marco "no establece un régimen jurídico sino un marco para encargar a un ente --IFA-- de la Consejería meros pagos".
"TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD"
De otro lado, ha manifestado que la asesoría no tenía función de revisión de los expedientes, aunque les hubiese gustado tenerla. "Sólo teníamos orden de pago y la obligación como ente instrumental de poner en cuestión la orden, que recibíamos y ejecutábamos", ha afirmado.
"Nunca se trabajó --en la asesoría jurídica-- con la mínima duda de ilegalidad sobre lo que hacíamos, sino con la base absoluta de transparencia y legalidad", ha asegurado.
Muñoz, que ha explicado que antes de 2003 los convenios no pasaban por la asesoría jurídica sino por el departamento de finanzas de IFA, ha indicado que "pensábamos" que el procedimiento de concesión de ayudas era "con acuerdo" a la legislación vigente, el reglamento de subvenciones de 2001 y la Ley General de Hacienda Pública y su título octavo. "El convenio marco no era más que el encargo del pago", ha precisado.
