Exige al Gobierno que actúe porque si las exhumaciones están en la vía judicial es porque su Ley de Memoria no se responsabiliza
MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, anunció que la organización recurrirá el acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil autorizadas por el juez Baltasar Garzón y añadió que la asociación mantendrá el calendario de exhumaciones que tiene y que incluye, mañana mismo, la apertura de una fosa común en Calañas (Huelva) no incluida en la lista de 25 localizaciones afectadas por la decisión de hoy.
"Vamos a recurrir porque se han incumplido normas básicas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dicen que las partes tienen que estar informadas de los pasos y, en este caso, se nos ha causado indefensión por parte de la Fiscalía al no comunicarnos su petición y que se iba a llevar a cabo esta reunión de hoy", resumió Silva en declaraciones a Europa Press.
El presidente de esta Asociación apeló al artículo 238 de la citada ley para argumentar que la falta de información de los demandantes les ha dejado sin posibilidad de defenderse. "La decisión se ha tomado al margen de las partes", dijo. "Se han saltado a la torera que somos parte activa interesada en esto", insistió.
CALENDARIO DE EXHUMACIONES
Además, la Asociación va a mantener su plan de trabajo y mañana iniciará en Calañas (Huelva) otra exhumación. Este caso no se encuentra en la lista de 25 aperturas autorizadas por Garzón y paralizadas por el acuerdo de hoy, pero Silva explicó que su Asociación tampoco tiene claro el alcance de lo decidido hoy por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia.
"No se entiende si se trata de todas las fosas, si son sólo las autorizadas, pero independientemente, iniciamos mañana la excavación en Calañas. Tenemos un orden de trabajo y si en algún momento afecta a fosas que están autorizadas por el juez vamos a intentar hacerlas en todo caso", explicó.
Emilio Silva afirmó que la decisión de la Sala de hoy golpea "en el punto más frágil de toda esta historia: los familiares, gente que lleva 70 años esperando poder enterrar dignamente a un familiar". "Hablamos de gente que ha estado 40 años gobernada por sus asesinos y 30 años en democracia sin recibir ninguna asistencia por parte del Estado", añadió.
EXIGENCIA AL GOBIERNO
El presidente de la Asociación también censuró el papel "pasivo" del Gobierno a través de la Fiscalía General del Estado y le exigió que intervenga contra la paralización de las exhumaciones, que se va a traducir en que las familias queden sin reparación, dijo.
"Cuando la ley de la Memoria del Gobierno no se ha responsabilizado de las exhumaciones y las familias han tenido que buscar otra vía para que el Estado se responsabilice y se ha llegado a esta vía judicial, ahora el Fiscal nombrado por el Gobierno ni hace ni deja hacer. Ha llevado las exhumaciones a un limbo y los que están pagando todo esto son los familiares", denunció.
