La Audiencia Provincial deja a las puertas del juicio a la excúpula de Urbanismo de Granada por la pieza Mulhacén

GRANADA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada ha confirmado la decisión de la jueza del 'caso Nazarí' de procesar a la exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital Isabel Nieto (PP), a cinco exaltos cargos de este departamento y a un promotor por la pieza separada conocida como 'expediente Mulhacén', vinculada al pabellón del mismo nombre en el barrio del Zaidín.

Este expediente en concreto gira en torno a la presunta alteración fraudulenta de una concesión administrativa sobre una parcela en la zona de Torre de la Pólvora que incluía un uso deportivo y que se adjudicó, en febrero de 2007, al promotor investigado en esta causa.

En un auto de principios de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia desestima el recurso presentado por cuatro de los investigados, incluida Isabel Nieto, contra el auto de procedimiento abreviado dictado en 2024 y les deja a las puertas del juicio.

En la resolución, contra la que no cabe recurso, la Audiencia Provincial sostiene que existen indicios de "una suerte de confabulación" entre el promotor y determinados responsables de la Concejalía de Urbanismo, "con la concejal a la cabeza", en virtud de la cual se habrían dictado presuntamente, "de modo arbitrario e ilegal", resoluciones administrativas concediendo licencias de obras y de ocupación.

También se habría informado favorablemente la aprobación de estudios de detalle que modificaron los términos en que fue inicialmente establecida la concesión administrativa de la parcela, que se adjudicó al promotor en "perjuicio de los intereses del Ayuntamiento con el correlativo beneficio del empresario".

Asimismo, descarta el tribunal que este asunto deba resolverse exclusivamente en la jurisdicción administrativa --a tenor de los delitos que se investigan-- y por tanto el asunto deberá llegar al juicio oral, según se desprende de la resolución, que avanza el diario Granada Hoy.

La Fiscalía ha pedido penas de entre dos y tres años de prisión para tres de los acusados: la exconcejal Isabel Nieto; el que fuera coordinador del área de Urbanismo y Obras; y el promotor por presuntos delitos de prevaricación y fraude en la contratación.

EL FISCAL ACUSA

Según expone en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el pliego del concurso obligaba al concesionario a edificar dentro de la parcela un gran pabellón deportivo con aforo de 2.000 espectadores, además de instalaciones deportivas complementarias --como pistas descubiertas para practicar tenis o pádel-- zona comercial y aparcamiento subterráneo.

El canon mínimo se valoraba en 6,1 millones de euros y se establecía un canon concesional de mil euros al año. Al término de la concesión --prevista durante 40 años-- la totalidad de las instalaciones deberían revertir al Ayuntamiento, en perfecto estado y libre de cargas.

La fiscal del caso mantiene sin embargo que los tres acusados "de común acuerdo" y "con el ánimo de defraudar al Ayuntamiento de Granada llevaron a cabo modificaciones esenciales en el contrato de concesión administrativa en beneficio exclusivo" del promotor "y en perjuicio de interés público municipal".

Con ello, "el contrato de concesión se desvirtuó por completo, el adjudicatario incumplió las obligaciones establecidas en el pliego" y el pabellón deportivo se ejecutó al margen de lo que estaba previsto.

Así, "no se construyeron ni las pistas de pádel, ni las 196 plazas de garaje que se debían construir". Agrega la fiscal que al menos la mitad de la parcela deportiva municipal se ha perdido para destinarla a restaurantes "cercenando su destino primitivo".

"Todo ello --afirma-- encaminado a la obtención del máximo lucro del empresario en perjuicio del interés público", actuando presuntamente la entonces concejal Isabel Nieto y el que fuera coordinador del área de Urbanismo y Obras "al dictado de los intereses empresariales en juego y al servicio de los mismos".

Entre otros perjuicios, la fiscal alude a una pérdida de suelo, de los servicios públicos previstos en la zona por el planeamiento, además de las "necesarias plazas de aparcamiento, que se ven notoriamente disminuidas y privatizadas".

También advierte de que hubo "una parcelación ilegal" y un "incremento de la edificabilidad a favor de los negocios instaurados en esta parcela de uso deportivo".

La fiscal considera que los hechos son constitutivos de delitos de prevaricación urbanística en concurso con fraude en la contratación o, alternativamente, de prevaricación común en concurso con fraude en la contratación por los que pide diferentes penas de entre dos y tres años de prisión para los acusados.

A ello suma más de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público que, en el caso del promotor, se suman a la imposibilidad de obtener ayudas públicas o contratar con organismos del sector público.

En concepto de responsabilidad civil solicita la nulidad de licencias y decretos vinculados a las instalaciones, entre ellas licencias de obras, de ocupación de varios locales y de utilización del pabellón deportivo "sin perjuicio de las indemnizaciones a costa de los acusados".