Cáritas atiende en 2021 en Granada a menos personas pero aumenta en un 60 por ciento las ayudas de emergencia

GRANADA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas ha atendido con sus diferentes proyectos sociales en 2021 a un número de personas un 26 por ciento menor que en 2020, pero sus ayudas de emergencia han crecido un 60 por ciento, según se desprende de su memoria anual de actividades, presentada este miércoles.

El informe ha sido presentado por el delegado episcopal y la directora de Cáritas Diocesana de Granada, Alfonso Marín y Luisa María Maeso, que han detallado que la entidad de la Iglesia católica ha invertido en el último año 5,6 millones de euros en "ayudar y mejorar las condiciones de vida de 5.984 personas en la diócesis" granadina.

Ha sido gracias al apoyo de miles de socios, donantes y colaboradores privados, cuyas aportaciones ascienden a 3,6 millones de euros (el 69 por ciento de los fondos privados), y también a las distintas administraciones públicas, que han financiado el conjunto de proyectos y centros de acción social con cerca de dos millones de euros, según ha detallado Cáritas en una nota de prensa tras la presentación.

Los capítulos a los que Cáritas destina mayor volumen de recursos son, por este orden, los centros socio sanitarios Santa Isabel y Oasis de atención a personas mayores y discapacitadas (2,5 millones), los programas de acogida y atención primaria (un millón), empleo (691.980 euros) y los programas educativos de familia, infancia y juventud, mujer e inmigración (161.646 euros).

Han destacado el aumento de los recursos destinados al programa de acogida y atención primaria, con un 61 por ciento más en el conjunto de ayudas destinadas a vivienda, alimentación y ropa, sanidad y educación, por lo que han dado gracias por el "compromiso e implicación de las comunidades parroquiales y a la dotación extraordinaria de ayudas de primera necesidad concedida por la Junta de Andalucía".

Como ha señalado Maeso en su presentación, "las personas cada vez afrontan situaciones más complejas y requieren de mayor apoyo y recursos para mantener unas condiciones de vida dignas". "Nos encontramos con una exclusión mucho más intensa y cronificada de lo que percibíamos antes de la pandemia".

El pago de alquileres, hipotecas y suministros crece un 58 por ciento, debido a la finalización de las moratorias de pago decretada por el Gobierno durante la pandemia. El capítulo de suministros ha llegado incluso a cuadruplicar su inversión en el último año para sufragar las deudas de las familias.

Según los datos recopilados en atención primaria, un 17 por ciento de la población atendida ha recibido avisos de corte de suministros y un 4 por ciento han sufrido algún tipo de amenaza de expulsión de su vivienda (inmediata o no). Es "una delicada situación teniendo en cuenta la situación económica prevalente, donde el 36 por ciento no dispone de ningún ingreso, más del 40 por ciento recibe prestaciones sociales y ayudas de instituciones".

"En torno a un 13 por ciento, percibe ingresos de un trabajo eventual, precarizado o marginal cuyo salario no les permite cubrir las necesidades básicas. Para todas estas personas, la combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos, hacen que una vez pagado el alquiler o la hipoteca, se queden en situación de pobreza", han agregado desde Cáritas.

Como estrategia de afrontamiento y subsistencia, muchas personas se han visto obligadas a recurrir al cambio de vivienda (tres por ciento), compartir piso (seis por ciento), volver a casa de los padres (uno por ciento) u optar por el subarriendo habitacional (cuatro por ciento), mayormente en población de origen inmigrante, quienes "presentan unas peores condiciones de vida, con viviendas mal acondicionadas y mayor hacinamiento". En torno a mil personas han sufrido alguna deficiencia grave en su hogar o conviven en condiciones de insalubridad con humedades, suciedades y olores.

Otra de las estrategias para la supervivencia ha supuesto la reducción de gastos habituales en alimentación, ropa y calzado, y también en salud. La situación de crisis ha provocado que las personas descuiden su salud por la incapacidad de afrontar los gastos derivados de medicamentos y tratamientos. Muestra de ello, es el marcado incremento en las ayudas para tratamientos bucodentales, medicación, óptica, ortopedia y audífonos, con una inversión de 56.152 euros.

A todas estas situaciones de precariedad, se suma la brecha digital, que afecta a tres de cada diez personas atendidas y les impide acceder a oportunidades laborales, formativas o a prestaciones sociales. Por este motivo, el capítulo de ayudas de emergencia para la educación y formación ha destinado 41.953 euros a la adquisición de material informático (tablets, ordenadores y móviles) y el abono de conexiones a Internet especialmente a familias con menores en edad escolar y adolescentes.

Cabe subrayar el hecho de que en siete de cada diez hogares atendidos hay niños. Dos de cada diez son hogares monoparentales que se han visto obligados a "recurrir a estrategias de reducción de gastos en mayor medida que el conjunto de la población", las cuales "no son inocuas y dejan su herida en las condiciones de vida presentes de esos niños y niñas y marcan también sus oportunidades de futuro".

"Es preocupante el incremento de población joven entre 18 y 24 años, con escasas o nulas posibilidades de emancipación, adquirir una vivienda y de sustentar una vida independiente o una familia", ha indicado Maeso, quien ha resaltado que "la ausencia de empleo o la proliferación de empleos temporales y precarios agravan la incertidumbre e inseguridad, y les impiden dibujar proyectos de vida". Como recoge el informe, cuatro de cada cinco personas atendidas en edad de trabajar, se encuentran en paro.

Dentro del conjunto de proyectos de lucha contra la pobreza y exclusión, el programa de empleo ha ayudado a 700 personas a buscar un trabajo en un entorno laboral más inseguro y precarizado. A pesar del contexto, 236 personas han conseguido un trabajo, 252 han mejorado sus competencias digitales, habilidades sociales y laborales.

Además, un total de 107 han podido formarse y mejorar su cualificación. Ya que el 68 por ciento de los usuarios carece de estudios básicos o solamente han completado los ciclos de educación primaria y secundaria. Los niveles educativos superiores como formación profesional y estudios universitarios representan sólo el nueve por ciento.

Tal y como muestra el informe, los perfiles mayoritarios atendidos son familias con hijos, cuyo sustentador principal se encuentra en desempleo. La mayoría de ellas ya habían sido atendidas en años anteriores (56 por ciento).

El análisis de la realidad social refrenda las conclusiones del Informe Foessa sobre integración y necesidades sociales en Andalucía presentado en el mes de marzo y reclaman, en palabras de Maeso "la necesidad de avanzar y ampliar el alcance de la respuesta proporcionada por las administraciones públicas, para que protejan realmente a la ciudadanía y a las familias más vulnerables". "Como sociedad no podemos permitir que esta nueva crisis ahonde aún más la brecha de la pobreza y exclusión".

Por su parte el delegado episcopal Alfonso Marín ha expresado el reconocimiento y gratitud a todas las personas que contribuyen con su tiempo, dedicación y trabajo a la labor de Cáritas. Y a los 2.800 socios, 4.900 donantes y 300 empresas colaboradoras que la sostienen con sus aportaciones económicas. "Sería impensable poder realizar todo este trabajo sin la generosidad y el compromiso de más de 770 personas voluntarias que hacen posible esa acogida y acompañamiento como fiel reflejo del más puro amor al prójimo".