CCOO de Andalucía considera una "irresponsabilidad política" que el PP andaluz impugne el nuevo Plan Estatal de Vivienda

Archivo - CCOO de Andalucía considera una "irresponsabilidad política" que el PP andaluz impugne el nuevo Plan Estatal de Vivienda.
Archivo - CCOO de Andalucía considera una "irresponsabilidad política" que el PP andaluz impugne el nuevo Plan Estatal de Vivienda. - Esther Lobato - Europa Press - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 29 junio 2026 14:26

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha expresado su "rotundo" rechazo a la decisión de la Junta de Andalucía de recurrir el Plan Estatal de Vivienda 2026/2030 ya que, en opinión del sindicato, "esta medida constituye una auténtica irresponsabilidad política en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales que afectan a nuestra comunidad autónoma".

Para CCOO, "los argumentos jurídicos relacionados con las competencias y la autonomía financiera que esgrime el Gobierno andaluz, ahora en funciones, son en realidad una pantalla para ocultar su rechazo a un modelo de vivienda pública permanente que garantice que las inversiones realizadas con dinero público permanezcan al servicio de la ciudadanía y no terminen alimentando procesos especulativos".

En una nota de prensa, el sindicato ha recordado que "uno de los principales avances" del nuevo Plan Estatal de Vivienda es que tanto el suelo como las viviendas construidas con financiación pública mantienen de forma permanente su condición de protegidas; una medida que evita que, una vez transcurridos determinados plazos, las viviendas puedan ser vendidas, descalificadas o incorporadas al mercado especulativo.

De ese modo, se permite la creación de un verdadero parque público de vivienda estable, como ocurre en numerosos países europeos. CCOO ha dejado claro que comparte esa finalidad. "Las viviendas construidas con dinero público deben seguir siendo públicas. Cada euro que las administraciones destinan a políticas de vivienda debe contribuir a incrementar un patrimonio colectivo que permanezca al servicio de las generaciones presentes y futuras, y no convertirse en una oportunidad de negocio privado".

En ese sentido, el sindicato ha explicado que "resulta especialmente contradictorio que el Gobierno andaluz recurra un plan que amplía los recursos disponibles para hacer frente a la crisis habitacional cuando la práctica totalidad de las políticas de vivienda que desarrolla actualmente se sostienen gracias a financiación procedente del Estado y de la Unión Europea".

Según ha señalado CCOO sobre esta cuestión, "el Gobierno andaluz mantiene una escasa implicación presupuestaria propia en esta materia y, pese a ello, pretende cuestionar un instrumento que permitirá reforzar la inversión pública y ampliar el parque de vivienda protegida. Quien reclama autonomía financiera debe demostrarla también mediante un compromiso real con la financiación de las políticas públicas", ha aseverado el sindicato.

Para CCOO, "el Gobierno andaluz no cuestiona la construcción de viviendas, sino que estas mantengan de forma indefinida su carácter público y vuelve a apostar por un modelo excesivamente dependiente del mercado". Por todo ello, el sindicato ha exigido formalmente al Ejecutivo andaluz que retire el recurso presentado contra el Plan Estatal de Vivienda 2026/2030, abandone la confrontación institucional y asuma plenamente su responsabilidad en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda, aportando el 40 % de la cofinanciación prevista y destinando recursos suficientes para ampliar el parque público de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible.

PLENO CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

En otro orden de cosas, CCOO de Andalucía ha señalado en el Pleno del Consejo Económico y Social de Andalucía, convocado para la aprobación del informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía 2025 que, "si bien el informe es fruto del consenso, refleja luces y sombras de un modelo de desarrollo que requiere correcciones urgentes para atender las necesidades reales de la población andaluza y lograr la convergencia con el resto del país".

En ese sentido, el sindicato ha instado al Gobierno andaluz a "ponerse las pilas", con una mayor inversión y un mejor nivel de ejecución de los presupuestos autonómicos. Asimismo, ha reclamado el cumplimiento estricto del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, firmado hace ya tres años. La precariedad laboral ha sido otra de las cuestiones sobre las que ha alertado CCOO, destacando los bajos salarios, ya que el salario bruto en Andalucía es un 13% menor con respecto a la media del Estado.

En cuanto a la brecha salarial de género se sitúa en el 19,5%; y un 38% de las horas extras ni se pagan ni se compensan económicamente, cuando Andalucía registra el menor absentismo del país y los costes laborales son inferiores a la media nacional. CCOO también ha alertado sobre la pérdida de futuro en el sector primario debido a la despoblación y la falta de relevo generacional, al tiempo que ha denunciado en materia de salud laboral la infradiagnosis de las enfermedades profesionales, especialmente del cáncer laboral.

En cuanto a la vivienda, el sindicato considera que es una "emergencia social" ante una subida de precios del 12,3%, "muy por encima de los incrementos salariales". Entre las medidas que propone CCOO para corregir esta situación está ampliar el parque público protegido, declarar zonas tensionadas, regular los alojamientos turísticos o aplicar una tasa turística que financie tanto el acceso habitacional como los servicios y la sostenibilidad local.

Por otra parte, el sindicato ha criticado el "colapso de los servicios públicos esenciales"; esto es, sanidad, educación y dependencia. En materia sanitaria ha exigido aumentar las plantillas y aportar soluciones transparentes ante el aumento de las listas de espera y la crisis de cribados. En dependencia ha urgido a a solventar los graves retrasos de gestión que sitúan a la comunidad como la segunda con más personas fallecidas esperando su prestación; y en el ámbito educativo ha reclamado una "reducción real" de las ratios escolares, garantizar la financiación universitaria pública y aumentar las plazas de Formación Profesional (FP) pública para evitar el desembolso de las familias en el sector privado.

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