CCOO denuncia ante la autoridad laboral a las empresas del sector de la dependencia en la provincia de Jaén

JAÉN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Jaén ha presentado tres demandas ante la Inspección de Trabajo por "los reiterados incumplimientos" que las empresas del sector de la dependencia en la provincia de Jaén realizan respecto a la aplicación del primer convenio andaluz de la dependencia así como por la "vulneración del derecho de información" recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

El secretario provincial del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Jaén, Martín Robles, ha señalado en un comunicado que la práctica habitual es abordar estas cuestiones desde el diálogo y la negociación y poder llegar a acuerdos para la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, pero en estos casos no ha sido posible.

El sindicato afirma que en términos generales, en las tres empresas -- Macrosad, Atende y Jabalcuz-- se dan incumplimientos en materia de información básica a la representación sindical, como son las modificaciones de contrato de trabajo y jornada que "realizan de forma habitual" las empresas del sector sin que esta información se ponga a disposición de la representación sindical, "limitando y vulnerando la labor de vigilancia y control que poseen las representantes legales de las trabajadoras".

Además, indican que el registro horario mensual de las horas realizadas no se facilita ni a las trabajadoras ni a sus representantes. "Existe una clara desinformación, que también se ve reflejada en los recibos de salarios, dónde debiera primar el principio de claridad y transparencia, pero sin embargo algunos conceptos salariales como las horas complementarias o los atrasos de convenio no vienen reflejados", señala CCOO.

Para CCOO, existe incumplimientos "verdaderamente graves", como es la no aplicación de la reducción de la jornada laboral pactada en convenio. El sindicato incide en el "desprecio por parte de las empresas a los derechos de estas trabajadoras esenciales", mientras que ayuntamientos y Diputación "miran para otro lado".