Protesta de trabajadores de justicia en Málaga - CSIF
SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
Funcionarios de justicia se han concentrado este viernes en sedes judiciales de toda Andalucía y de toda España para denunciar el nuevo modelo organizativo de dicha administración impuesto en la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO), que implicará modificaciones sobre jornadas, horarios, centros de destino y retribuciones que no han sido negociadas con la parte social.
Según indica CSIF en nota de prensa, estas concentraciones forman parte del calendario de movilizaciones que el sindicato ha puesto en marcha junto a otras organizaciones sindicales hasta que el Ministerio del ramo se siente a negociar la futura norma, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria y que implicará modificaciones de las condiciones laborales sin negociar con los representantes de los trabajadores.
El presidente del sector de Justicia de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha criticado que la LEO "vulnere" la negociación colectiva puesto que supone que los complementos retributivos, jornadas, horarios, la distribución de las plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, entre otros aspectos, "vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas".
Moreno ha lamentado que el debate de la justicia se centre en cuestiones políticas relacionadas con la renovación de los órganos constitucionales y administrativos del gobierno del poder judicial cuando "la prioridad sería dotar a la Administración de Justicia de más y mejores medios para hacerla más ágil y más eficaz para el ciudadano".
En este sentido, el sector de Justicia de CSIF-A recuerda que al "déficit" de plazas --desde jueces a personal de auxilio judicial-- se suman "equipos informáticos desfasados o que no funcionan, juzgados con infraestructuras obsoletas y en malas condiciones de conservación y una plantilla de trabajadores y trabajadoras totalmente sobrepasada".
El sindicato lamenta que sea la ciudadanía quien una vez más "pague las consecuencias del mal funcionamiento de la Administración y tenga que soportar una justicia lenta y con excesiva burocracia".
Para la central sindical es necesario que la reforma de la justicia cuente con "el máximo de los consensos", que suponga una mejora del servicio público y que se convierta en una fuente de oportunidades reales y efectivas para el personal de justicia en su promoción profesional, condiciones laborales y retributivas.