Detalle de un cartel sobre la huelga general. - CCOO-JAÉN
JAÉN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) ha rechazado la huelga general del próximo 11 de noviembre y ha destacado que las demandas que se plantean "no son, en esencia, de naturaleza laboral".
En un comunicado, ha considerado que es una medida de presión dirigida fundamentalmente a provocar cambios legislativos y presupuestarios en materia de vivienda. Una cuestión "cuya responsabilidad y competencia corresponden a las administraciones públicas y que, por tanto, queda al margen de la gestión y las obligaciones de las empresas".
"Las reivindicaciones que motivan esta convocatoria no son, en esencia, de naturaleza laboral, por lo que resulta inadmisible que se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala directamente al Gobierno y a su gestión en materia de vivienda", ha afirmado.
Desde la patronal jiennense se ha indicado que "los empresarios son los principales damnificados de una huelga que se dirige contra un problema sobre el que no tienen responsabilidad ni capacidad de decisión".
En este sentido, ha advertido que no resulta justificable utilizar la actividad de las empresas y de sus trabajadores como instrumento de presión para influir en un debate que corresponde al ámbito político e institucional.
A juicio de la CEJ, este proceso debería desarrollarse "desde el sosiego y la normalidad democrática, sin interferencias que perjudiquen el funcionamiento ordinario de la actividad económica".
De otro lado, ha señalado que el derecho a la huelga debe coexistir con el derecho al trabajo y con las garantías necesarias para que quienes deseen desarrollar su actividad profesional puedan hacerlo con normalidad. Por ello, ha confiado en que la jornada transcurra "de manera pacífica y cívica, con respeto a los derechos de todos, a la seguridad jurídica y al normal funcionamiento de las empresas".
Además, ha hecho un llamamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que se garantice el normal desarrollo de la actividad empresarial, tanto en los centros de trabajo, como en el acceso a los parques empresariales de nuestra provincia.
Finalmente, la CEJ ha apuntado que las organizaciones empresariales trabajan desde la independencia y la lealtad institucional en la defensa de los intereses legítimos de las empresas, al tiempo que ha pedido que "no se haga recaer sobre el tejido productivo la responsabilidad de resolver problemas cuya solución corresponde a las administraciones públicas".
