SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El programa específico de consumo en los presupuestos de la Junta de Andalucía presenta una dotación presupuestaria para 2017 de un total de 14.714.423 euros, lo que supone un 3,3 por ciento menos que en 2016, de forma que el Consejo de Consumidores de Andalucía ha tachado de "ridículos" estos presupuestos.
Según ha informado Facua en una nota, el Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua), órgano de consulta y representación de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, ha considerado "absolutamente ridícula" la partida destinada a las políticas de consumo y ha advertido de que "esta escasa apuesta por el movimiento de consumidores en la comunidad aumentará los abusos y fraudes de las empresas".
El Consejo, integrado por las asociaciones de consumidores Adicae-Andalucía, Al-Andalus, Facua Andalucía y UCA-UCE, ha señalado que Andalucía se encuentra en estos momentos sin auténticas políticas públicas de protección a los consumidores.
El Consejo ha lamentado que "no hay modelo, planificación y operativa, así como carece de los recursos necesarios para abordar en estas políticas una tarea que cada vez es más ardua y compleja, lo que contribuye al aumento de la brecha de la desigualdad social".
Han señalado que la crisis económica de los últimos años se ha llevado por delante muchos de los avances sociales conquistados durante décadas y ha marcado una tendencia en los últimos años de "incremento de los fraudes y abusos de las empresas".
En este sentido, consideran que este hecho que "pone aún más de relevancia el que los presupuestos públicos garanticen la cohesión social, otorgando a las políticas de consumo la consideración de verdaderas políticas sociales".
"NO RECUPERA EL NIVEL ANTERIOR A LA CRISIS"
Con unos presupuestos para consumo en 2017 que "no recuperan los niveles anteriores a la crisis", dado que "no igualan ni siquiera la partida presupuestaria de 2009", se produce una "merma" del papel de las asociaciones de consumidores como garantes de la protección de los derechos de las personas consumidoras frente a los abusos de las empresas.
El Consejo considera fundamental el apoyo institucional y el aumento de las ayudas públicas, así como "una tramitación, gestión eficaz y más útil de las mismas", incorporando las subvenciones destinadas a las actuaciones y programas de las organizaciones de consumidores y usuarios, federaciones y asociaciones al marco especial del artículo 29 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017.
En esta línea, el Consejo propone una serie de medidas para "paliar" la situación actual, que pasan por un aumento de la partida destinada a éste y más apoyo al Consejo, así como a las organizaciones que lo integran. Pero también, por el refuerzo del control que se ejerce sobre el mercado, con un mayor número de inspecciones y de tramitaciones de expedientes sancionadores a las empresas "incumplidoras".
"FUNCIÓN DISUASORIA" DE LAS SANCIONES
El Consejo insta a mejorar, revisar y actualizar el procedimiento y régimen sancionador y sus cuantías, de tal manera que se garantice que las sanciones impuestas cumplan su "función disuasoria frente a las conductas que atentan contra los derechos de los consumidores". Las sanciones, además, deben de cobrarse, dado que en muchos casos no ocurre en la actualidad, y contribuir a reforzar las políticas de protección de los consumidores.
Asimismo, ha detallado es prioritario que se garanticen los suministros básicos, como el agua o el suministro eléctrico, especialmente en el caso de las familias más vulnerables, desde el reconocimiento de derechos y no desde el asistencialismo.
El Consejo ha destacado también la relevancia de dotar de carácter transversal las políticas de protección de los consumidores, "ausentes" en otras áreas de este presupuesto fuera de la Consejería de Salud y la Dirección General de Consumo.
Por último, ha incidido en que hay que impulsar y revitalizar los órganos de participación social, con dotación de recursos suficientes para permitir un seguimiento y control real de la ejecución de las políticas públicas, así como un mayor reconocimiento al movimiento consumerista, que contribuya en mayor medida a poner freno a los abusos.
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