Constructores cifran en 180 los millones que les adeudan las administraciones y exigen un "calendario de pagos"

GRANADA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Empresas constructoras en Granada han cifrado este martes en 180 los millones de euros --entre los que se incluyen los 40 que se deben por las obras del Metro-- que la Junta y los ayuntamientos les adeudan, por lo que han exigido a las administraciones un "calendario inmediato y creíble de pagos", un reconocimiento de la deuda, la finalización de las infraestructuras ya empezadas, y la "priorización" del empleo en las nuevas inversiones, todo para evitar la "destrucción de empleo".

Así lo han manifestado durante una rueda de prensa conjunta en la que han intervenido representantes de las empresas Añil, Pérez Jiménez, Portman, Hormacesa, López Porras, Ucop, Uc 10, Grupo Civil, El Partal y Hermanos García Motril, entre ellos el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP), Enrique Legerén.

Según los empresarios, la deuda de las administraciones ha destruido el 63 por ciento del empleo del sector de la construcción de Granada, y un total de 36.100 personas han perdido su trabajo en el sector. Además, lamentan que la mayor parte de las obras que están en marcha actualmente "están siendo paradas o reprogramadas" y "las que no se paran, no se pagan en los plazos pactados".

Ante esta situación y a la vista de la bajada de la licitación, que ha sufrido una caída del 90 por ciento, las empresas granadinas reclaman el pago inmediato de las deudas, un "calendario creíble de pagos", o que no se recorte la inversión "sobre presupuestos ya recortados anteriormente, en niveles tan imposibles de digerir por un sector que ya viene alimentado de reservas a punto de agotarse".

En lo que respecta al Metro, al que han puesto como "ejemplo del desastre de la planificación financiera de la Junta", han censurado que a día de hoy apenas se haya pagado un 20 por ciento de todo lo que las empresas han ejecutado durante 2011. "Como respuesta, la administración hace gestos permanentes y promesas de todo tipo que incumple sistemáticamente. La credibilidad ha caído en picado y las promesas no sirven para pagar a los trabajadores; obligando a despedir a cientos de trabajadores de las contratas y ute*s", han manifestado.

El sector sufre las consecuencias de los impagos y "está muy debilitado pero sin embargo sigue financiando a la administración", sin que se cumpla ningún contrato, ni Ley de Morosidad, ni Ley de Contratos del Sector Público, ni por supuesto los plazos y compromisos de pago.

"Hay que pedir responsabilidades de aquellos que con su mala gestión y dejadez intencionada o no, provocan un desastre de tal envergadura en nuestra economía", han sostenido los empresarios, que reconocen tener "falta de confianza en los poderes públicos que cada vez se muestran más incapaces de dar solución a problemas que ellos mismos han originado".

En definitiva, el sector ha exigido a la Junta de Andalucía que implante un sistema que permita documentar las deudas, y conocer en cada momento su nivel de endeudamiento; el establecimiento inmediato de un plan de pagos que dé una solución a las empresas; un mayor control de gasto público en aras de la inversión pública, que garantice la sostenibilidad de las empresas y de los puestos de trabajo; y el establecimiento de un sistema que permita compensar las deudas fiscales que las empresas generen anualmente.