CORDOBA 21 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha sugerido al Ayuntamiento de Córdoba que evalúe la conveniencia o no de seguir manteniendo el 'botellódromo' hasta ahora habilitado en los Jardines de la Victoria, en Córdoba, "teniendo en cuenta que como máximo el 30 de junio de 2007 la ciudad debe tener aprobado la planificación acústica".
Según informó a Europa Press el presidente de la Asociación de Vecinos Jardines de la Victoria, Antonio Ruiz-Cabello, así se detalla en la última resolución del Defensor del Pueblo, con fecha 22 de marzo, después de que se reabriera el expediente tras un primer pronunciamiento que hizo el 24 de agosto de 2005 sobre la instalación del 'botellódromo' en este espacio y que produjo el rechazo de los vecinos de la zona.
Ruiz-Cabello señaló que la última respuesta de Chamizo manifiesta que "como el 30 de junio de 2007, fecha límite, la ciudad debe tener aprobado el correspondiente mapa de ruidos y los planes de acción derivados, hace la sugerencia de que se evalúe la conveniencia o no de seguir manteniendo el lugar de encuentro hasta ahora habilitado, en función de lo que será necesaria su compatibilización con la planificación acústica de inminente y necesaria elaboración y aprobación".
Asimismo, Chamizo se reafirma en su resolución del mes de agosto pasado en las que pedía una mayor coordinación entre la Policía Local y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o mejorar el control de horarios, inspección de ruidos, venta de bebidas alcoholicas, etc. También pedía la aplicación de las medidas del reglamento de protección contra contaminación acústica, una aprobación de las ordenanzas del mapa de ruidos y la declaración de zonas saturadas, aspecto este último que Ruiz-Cabello lamentó que aún no se haya hecho en la Avenida de la Victoria.
De otro lado, el portavoz vecinal informó de que el pasado 3 de mayo recibió otra carta del Defensor del Pueblo comunicándole que transcurrido un tiempo sin que el Ayuntamiento haya respondido a la resolución del 22 de marzo se le volvió a reiterar el escrito insistiendo en la "necesidad de un pronunciamiento por parte del órgano administrativo municipal" sobre las resoluciones que le han dirigido.