Córdoba.- Sucesos.- La Guardia Civil imputa a un vecino de Montoro un delito contra el derecho de los trabajadores

Actualizado: sábado, 15 diciembre 2007 19:05

CÓRDOBA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Córdoba informó hoy de que ha imputado a una persona de 63 años, con domicilio en la localidad cordobesa de Montoro, un delito contra el derecho de los trabajadores, al tener empleados en una finca de su propiedad a dos personas de nacionalidad rumana sin el correspondiente contrato de trabajo.

En un comunicado, el Instituto Armado explicó que durante un servicio de Seguridad Ciudadana, desarrollado el pasado día 10 de diciembre, observó sobre las 12.00 horas en el paraje Pizarranga, del término municipal de Montoro, a cuatro personas que se encontraban realizando trabajos de recolección de aceituna, en una finca de olivar.

Ante esta situación, una patrulla de agentes de la Benemérita se acercó hasta ellos para proceder a su identificación, resultando ser dos de ellos de nacionalidad rumana. Estas personas se encontraban realizando dichas tareas, provistos para ello de una máquina de varear y en el caso de los rumanos, una vara manual, habiendo recolectado ya tres sacos de aceituna.

La Guardia Civil preguntó a los trabajadores por el titular de la finca y si las personas de nacionalidad rumana tenían contrato de trabajo y habían sido dados de alta para dicha actividad, manifestando dos personas de nacionalidad española, que el propietario de la finca era su padre, que se encontraba en el pueblo para dar de alta a los dos operarios rumanos.

Tras localizar al propietario de la finca, este manifestó a la Guardia Civil que la documentación para la regularización de los contratos de trabajo de los dos trabajadores rumanos se encontraban en una Gestoría de Montoro para su trámite, no aportando ante la Guardia Civil documento alguno.

No obstante, la Benemérita comprobó esta afirmación y constató que esta persona no había entregado en ninguna gestoría de la localidad documento alguno para la regularización de los contratos de estas personas.

Por todo ello, la Guardia Civil instruyó diligencias, que entregó en en el Juzgado de Instrucción número uno de Montoro, e imputó al propietario de la finca un delito contra el derecho de los trabajadores.