Rechaza teoría de confabulación y engaño al Parlamento, subrayando que PP-A podía haber traído a algún parlamentario que se sintiera engañado
SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El abogado Manuel Pérez Cuajares, que ejerce la defensa del ex director general de Trabajo Juan Márquez en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha apuntado este martes "la falta de veracidad probatoria" de los atestados elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso de los ERE pues "utilizaron --los agentes-- la documentación que le venía bien".
Y para ello el abogado ha aludido a la declaración de María José Rofa, quien fuera asesora técnica de la Dirección General de Trabajo en la época de Márquez al frente de este órgano --abril de 2008 y abril de 2010--, quien en su testifical señaló que la UCO "seleccionó" entre los documentos que le facilitó referentes a la causa, rechazando por tanto lo que afirman estos agentes de que tras la llegada de Márquez todo continuó igual. "Es falso".
En la sesión de este martes del juicio, la número 144 de la vista oral, el abogado de Márquez ha continuado con la evacuación del trámite del informe final, subrayando que cuando su defendido llegó a la Dirección General de Trabajo "la única preocupación que tenía era atender las tragedias --por conflictos laborales-- que había allí, tardando un año en enterarse del descontrol y déficit administrativo existencia en este órgano".
Y es a partir de abril y mayo de 2009 cuando Márquez comienza "a tomar decisiones para mejorar el procedimiento" de concesión de las ayudas. Así, solicita asistencia técnica externa a Garrigues y PricewaterHouse, asistencia "absolutamente legal y práctica normal en la administración".
De esta manera, pidió un informe PricewaterHouse sobre las ayudas concedidas en la etapa anterior por la Dirección General de Trabajo a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, cuyo pago posteriormente decidió paralizar. "Por qué solicitó este informe si Márquez formaba parte de un plan concertada por los acusados", ha preguntado el letrado defensor, respondiendo que esto demuestra que es "absurda" la "irracional" tesis mantenida por la acusación.
Además, pidió a Garrigues un informe para "dotarse de un manual del procedimiento para la concesión", llevando las conversaciones con los responsables del informe María José Rofa. "Márquez solía quería hacerlo bien", ha recordado su abogado, subrayando que con Márquez los expedientes de las ayudas estaban "bastante completos", resaltando que con sus actuaciones "pretendía velar por la legalidad del procedimiento".
Y no se quedó en la asistencia técnica, sino que trabajó en mejoras con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anterior Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), y presupuestó por primera vez con el instrumento adecuando, eliminado el uso de las transferencias de financiación, acabó con el desfase presupuestario. "En 2009 no concedió ayudas a empresas, asumiendo sólo los compromisos adquiridos. Sólo concedió ayudas sociolaborales. Jamás gastó por encima del crédito presupuestado", ha añadido.
El abogado, como ya han hecho otros compañeros de las defensas, ha rechazado la idea de las acusaciones de la confabulación, esto es, que Márquez formó parte de esa confabulación para "dar ayudas de forma arbitraria con fines clientelar y sorteando la legalidad".
"Esta defensa tiene la fea costumbre de acudir a la lógica y al sentido común y existe multitud de elementos contrarios a esta teoría con respecto a Juan Márquez", según Pérez Cuajares. "Por qué contrata esos informes externos, para poner en riesgo que alguien de fuera descubriera el plan, tendría que ocultarlo", ha expuesto, valorando que su defendido "parte en su actuación de la buena voluntad" y "nunca existió tal confabulación", que es "una absoluta conjetura de las acusaciones".
"COMO SI ME TRAES UNA FOTO FIRMADA DE ROCÍO JURADO"
"Veló por los caudales públicos" cuando paralizar el pago de las ayudas dadas a empresas de la Sierra Norte o Mercasevilla o con las minutas a Garrigues provenientes de trabajos en la época de Guerrero. En este punto, ha recordado que Márquez también se negó a pagar las ayudas concedidas para los trabajadores de la limpieza de la provincia de Granada, llegándole a decir al representante empresarial "a mí como si me traes una foto firmada de Rocío Jurado", después de que éste le dijera a Márquez que las empresas emprenderían acciones legales por el incumplimiento de los compromisos de la Junta.
Conoce la existencia de los intrusos por la prensa, pues no podía acceder a la vida laboral de los beneficiarios, aunque para ello solicitó una clave a la Seguridad Social. "Actuó con ceguera e ignorancia sobre las irregularidades", ha afirmado su abogado, apuntando a su falta de experiencia y formación en la materia, pero "hizo todo lo pudo o se le propuso por mejorar el procedimiento", asegurando que jamás recibió informes desde la intervención de la Junta sobre presuntas irregularidades.
Sobre la fiscalización previa de las ayudas, Pérez Cuajares ha indicado que Márquez "no ocultó ni impidió" al interventor delegado en Empleo acceder a los expedientes de concesión de Empleo, que "jamás" los pidió para ser fiscalizados previamente, interventores que desde el año 2001 ya detectaron "problemas" por el uso de las transferencias de financiación.
Márquez, en el anteproyecto de Presupuestos de Empleo, se limitaba a señalar las necesidades del órgano ante "la dura realidad" que se encontró.
Ha expuesto que es "evidente" que el pleno del Parlamento "conocía el destino de las transferencias de financiación del programa presupuestario 31L a IFA/IDEA", negando de esta manera la teoría del engaño del Parlamento de las acusaciones, que "no han traído a ningún parlamentario para someterlo al bendito principio de contradicción y la acusación del PP lo tenía fácil para traer a alguno de sus parlamentarios que se hubieran sentido engañados, pero con la obligación de los testigos de decir la verdad".
Acudiendo de nuevo a la declaración de Rofa en el juicio, Pérez Cuajares ha puesto de relieve todos los cambios y mejoras llevados a cabo por Márquez durante su mandato en el procedimiento de concesión. En este sentido, ha rechazado que se haya realizado prueba en el juicio que acredite la malversación de la que se acusa a Márquez, que por este delito se enfrenta a ocho años de prisión.
LOS "CAMBIOS" PARA EXCLUIR A RIVERA PARA DECLARAR INOCENTE A MÁRQUEZ
Las acusaciones han hecho "una oda a la inconcreción" con alusiones "a las maldades de la Dirección General de Trabajo pero sin señalar épocas determinadas ni individualizar actuaciones" sobre los tres directores generales que intervinieron durante la época investigada, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera.
Precisamente sobre este último, Pérez Cuajares ha recordado el auto de la Sección Séptima de la Audiencia que acordó su sobreseimiento de las actuaciones, en el que se dice sobre Rivera que, "pese a advertir que concedió ayudas con el mismo procedimiento, durante su mandato hubo importantes cambios y no se dedicó al mantenimiento del sistema".
"Cambios que efectuó Márquez, dejar de usar las transferencias, eliminar el desfase, mejorar el procedimiento, paralizar pago de ayudas, orden de delegación de competencias, y que sirvieron para excluir a Rivera de esta causa y que ahora deben servir para la absolución de Juan Márquez", ha concluido Pérez Cuajares.
