El abogado alega vulneración de los derechos de defensa y de un proceso con todas las garantías y por ello pide la absolución de la exviceconsejera
SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El abogado Víctor Moreno Catena, que ejerce la defensa de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta por prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha negado, como así lo ha hecho desde el principio del proceso, cualquier acción delictiva de su defendida, que "se ha dejado la mayor parte de vida ejerciendo un servicio público, mejorando la vida de la gente, ya sea como médico en un centro de salud de Sevilla o en sus cargos de viceconsejera o consejera de Hacienda".
Así lo ha señalado en el último bloque de su informe final, que ha concluido en la sesión de tarde de este martes, y en el que ha abordado la calificación jurídica de los hechos por los que se acusa a su defendida de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, por los que solicitan las acusaciones seis años de prisión y 30 de inhabilitación.
Moreno Catena ha presentado una queja "firme" al considerar que se le ha causado a Martínez Aguayo "indefensión", por la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho de defensa. Ha calificado que este reproche a las acusaciones está "fundado", pues, según ha reconocido, "no sé qué se le imputa a mi defendida, cuyo nombre se desliza en el relato de los hechos de las acusaciones junto a otros acusados. No se identifica los hechos que se le atribuyen por el delito de prevaricación, qué resolución firmó, si es prevaricación activa u omisiva, y lo mismo del delito de malversación".
El abogado ha lamentado "la oscuridad" en la que se encuentra la defensa, que es "de eclipse total", teniendo que salir "con un candil" y "buscar dónde está la deshonestidad que se imputa a Martínez Aguayo".
"Tenemos que avanzar a ciegas e intuir" frente a la "incapacidad de las acusaciones", que "no puede aprovecharse en su estrategia contra los acusados". "Es un sinsentido y una vulneración constitucional que otorga ventaja a las acusaciones", ha reprochado.
"El reconocimiento de este tribunal de esta vulneración tiene que llevar aparejado en este momento procesal el dictado de una sentencia absolutoria, pues no cabe dar marcha atrás ni anular el juicio porque entonces se vulneraría la presunción de inocencia", ha expuesto el abogado.
Además, ha señalado que las acusaciones hablan de un concurso medial entre los delitos de prevaricación y malversación, esto es, un planteamiento de que "se prevaricó para malversar", por lo que "eliminado un delito desaparece el segundo".
"NI HA PREVARICADO NI HA MALVERSADO"
Tras esto ha analizado los elementos que configuran el delito de prevaricación. Así ha señalado que los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos y las modificaciones presupuestarias del programa presupuestario 31L, en las que pudo participar Martínez Aguayo, son actos políticos y no administrativas. "Pretender que eran resoluciones arbitrarias es contrario a la lógica y a la razón", ha afirmado el abogado, que ha añadido que las actuaciones de su defendida "no han sido ni mucho menos ilegales o arbitrarias o producto de su voluntad".
Tampoco ha habido "resoluciones ilegales", ha señalado, calificando de "intolerable" que las acusaciones no individualicen las imputaciones a los acusados. Igualmente, ha asegurado que "no cabe la prevaricación por imprudencia", sino que se exige la existencia de dolo o la plena conciencia de resolver al margen del ordenamiento jurídico y con conocimiento del resultado injusto.
En este sentido, Moreno Catena ha concluido su informe señalando que el proceder de Carmen Martínez Aguayo no cae en el derecho penal ni está en los aledaños de los delitos por los que se le acusa, pues su actuación ha estado marcada por su rectitud y estricto cumplimiento de la legalidad. "No ha prevaricado ni ha malversado".
Ha actuado con la creencia y la seguridad de hacerlo "conforme a la ley", alegando el abogado "error invencible", esto es, ignoraba que su conducta fuera "contraria a derecho".
"No actuó por interés propio ni imaginó que su actuación era contraria a derecho, por lo que no cometió delito de prevaricación", ha insistido Moreno Catena.
Al respecto del delito de malversación, Moreno Catena ha explicado que se le acusa por su actitud omisiva al "permitir" que un tercero sustrajera caudales públicos que estaban a cargo de Martínez Aguayo. "Nada más lejos de la realidad, pues no tenía a disposición los fondos del programa 31L" con el que se concedieron y pagaron las ayudas, ni participó en la gestión del 31L, programa de la Consejería de Empleo encomendado a la Dirección General de Trabajo.
Las acusaciones fundamentan la malversación en la presupuestación, en relación a Martínez Aguayo, es decir, una acusación de malversación "genérica" sin haberse conocido en este juicio el destino de los fondos ni la cuantía, que la Fiscalía pretende enjuiciar en las piezas separadas de los ERE.
"Acusan de malversación por proponer un texto legal --presupuestos-- al que estaba obligada es poco sólido y debe hacer decaer la acusación", según el abogado, que ha asegurado que los hechos acusatorios están "huérfanos de prueba" para fundar una condena, porque se vulneraría la presunción de inocencia.
Por último, el abogado ha resaltado que su defendida ha actuado siempre en su función de servicio público "sin ánimo de lucro y con el único reconocimiento del trabajo bien hecho, con tesón y lealtad y para dar respuestas eficientes a los ciudadanos dentro de la ley". "Quien se sabe inocente puede reaccionar con incredulidad y sorpresa, al principio, y con exasperación, después, ante una notoriamente injusta acusación", ha concluido.
