Delegado del Gobierno afirma que aún no hay datos de cuántos migrantes podrían regularizar su situación en la comunidad

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha manifestado este miércoles que, en este momento, aún no hay datos de cuántos migrantes de la comunidad autónoma podrían ver regularizada su situación con el decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

En rueda de prensa en Granada, ha señalado que está la estimación nacional de que unas 500.000 personas pueden verse beneficiadas, pero no hay un "dato provincializado, ni siquiera por comunidades autónomas", aunque ha destacado que, en Andalucía, la mayoría procede de Latinoamérica.

Para Fernández, esta medida "beneficia al conjunto de la sociedad, no solamente a las personas migrantes que pueden acogerse" a la regularización, con la que ganarán "derechos y en una protección que en este momento no tienen".

Ha añadido que las empresas ganarán "también en seguridad jurídica a la hora de contar con estas personas como trabajadores o trabajadoras", al tiempo que se reducirá "la economía sumergida en la explotación laboral que existe precisamente vinculada a esta migración de personas que están en situación de irregularidad".

Asimismo, el delegado ha destacado que también los servicios públicos "ganan con contribuyentes", como se ha demostrado con otras regularizaciones que han existido a lo largo de la democracia en nuestro país.

Concretamente, ha señalado que está será la séptima regularización de migrantes en España y ha señalado que se han llevado a cabo tanto con gobiernos del PSOE como del PP, recordando que cuando José María Aznar era presidente se llevó una a cabo para 300.000 personas.

Respecto a la incidencia de la nueva regularización en Andalucía, el delegado ha señalado que hay sectores muy específicos que necesitan de personal que en este momento no encuentran, como el sector agrícola.

Ha recalcado que además de dotar de seguridad y de derechos a esas personas migrantes, también se les da esa garantía y posibilidad "de sacar adelante su actividad agrícola o ganadera o en la construcción, con garantías y absoluta seguridad jurídica".