La Diputación se entera por la Seguridad Social y por un banco de que el Consorcio de Bomberos está en quiebra

CÓRDOBA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobierno del PP en la Diputación de Córdoba se ha enterado este mes, a raíz de una comunicación oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social, y del aviso de un banco el pasado enero, de que el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios "tiene un agujero de unos diez millones de euros" y de que, de hecho, está "en quiebra técnica".

Así lo han anunciado este viernes en rueda de prensa el vicepresidente primero y delegado de Hacienda de la Diputación, Salvador Fuentes, y el vicepresidente tercero de la Diputación y presidente del Consorcio, Manuel Gutiérrez, en una rueda de prensa que contaba con un auditorio concurrido y compuesto en su mayoría, no por periodistas, sino por varios miembros del gobierno del PP en la institución provincial, el nuevo gerente del Consorcio, Juan Carlos Jurado, y representantes sindicales de los bomberos de la Diputación, que se estaban enterando en ese momento de lo que poco antes conoció el propio consejo de administración del Consorcio, en una sesión extraordinaria.

Fuentes ha esbozado los principales datos de la que ha denominado "una noticia triste", que supone "un quebranto económico y social muy grave" para la Diputación, para el Consorcio y para sus más de 200 trabajadores, debido a la gestión llevada a cabo bajo "anteriores gobiernos" del PSOE en la institución provincial, ya que, a través de un requerimiento de la Seguridad Social que llegó a manos del presidente del Consorcio el pasado 5 de marzo, es cuando el actual gobierno del PP en Diputación se ha enterado de que, referidos a diferentes periodos comprendidos entre 2003 y hasta la fecha, se deben a la Seguridad Social los citados 7,2 millones, habiendo incumplido además aplazamientos para el pago que concedió la Seguridad Social al Consorcio.

Pero lo más grave de este hecho no es ya que el actual gobierno, según han subrayado Fuentes y Gutiérrez, no fuera informado de la existencia de esa deuda en el traspaso de poderes con el PSOE en junio del pasado año, sino que, ya bajo gobierno de los populares, en la segunda mitad de 2011, la Seguridad Social remitió varios requerimientos al Consorcio respecto del impago de esa deuda, pero no se informó de ello a Manuel Gutiérrez, el cual, no podía conocer tal situación porque, de hecho, en los presupuestos del Consorcio se recogían las partidas correspondientes para los gastos de personal, incluido el dinero para abonar las cuotas de la Seguridad Social. Sin embargo, hoy en día no se sabe a qué se ha destinado realmente ese dinero.

Eso tendrá que averiguarlo una comisión técnica, cuya creación ha aprobado por unanimidad este viernes y en sesión extraordinaria el propio consejo del Consorcio, al que se ha informado con todo detalle de la hasta ahora desconocida deuda con la Seguridad Social y también de la existencia de una póliza de crédito, de 2,7 millones de euros, de la que el actual gobierno de la Diputación se enteró a finales del pasado enero, cuando restaban por abonar 1,6 millones, y gracias al aviso del banco que reclamaba su pago. De dicho préstamo, que no figuraba tampoco en las cuentas del Consorcio, se deben aún 900.000 euros.

En este caso, según ha detallado Gutiérrez, el crédito "se cerró el 22 de junio de 2011, un día antes de tomar posesión el nuevo equipo de gobierno del PP" en la Diputación, al que no se informó de ello. Es más, ahora han sabido que el préstamo se formalizó, con un informe en contra de la Secretaría del Consorcio y "contraviniendo todos los acuerdos adoptados en la junta general" del Consorcio, en cuanto a cómo, con qué plazos y en qué condiciones podía contratarse dicha póliza, cuyo destino oficial era el pago de las nóminas de junio y julio del pasado año.

El empleo dado a ese crédito también será objeto de investigación por la citada comisión técnica, a la vez que se hace una auditoria exhaustiva de las cuentas del Consorcio "de los últimos 12 años", mientras que, según ha acordado igualmente el consejo del Consorcio, la Asesoría Jurídica emite un informe para determinar si se ha incurrido en alguna ilegalidad y para dirimir posibles responsabilidades. De forma paralela, se elaborará una plan de viabilidad para el Consorcio y el gobierno intentará negociar con la Tesorería General de la Seguridad Social un nuevo aplazamiento en el pago de la deuda.

A pesar de la gravedad de la situación, el también vicepresidente del Consorcio, Salvador Fuentes, ha asegurado que han actuado en este asunto y van a seguir haciéndolo guiados por la máxima de "mucha prudencia, mucho rigor y responsabilidad institucional", lo que le ha llevado a pedir "que nadie confunda, ni los escenarios, ni los discursos". Ahora, según ha subrayado, el gobierno de la Diputación se ha limitado a "contar los hechos, mientras que las valoraciones las sabrán los cordobeses cuando tengamos todos los datos encima de la mesa, porque son sus dineros, son sus recursos y tenemos que responder de ellos".