SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Docentes Discapacitados Andaluces (ADDA) ha programado para esta semana la presentación de una demanda contra la Junta por el incumplimiento de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que en su artículo 28.1 contempla que se reservará el 10 por ciento de los puestos de trabajo de las administraciones públicas a personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Así lo ha indicado a Europa Press la presidenta de ADDA, Silvia González, que sobre el diálogo parlamentario del particular instaurado en esta jornada en la Cámara andaluza ha señalado que la orden promovida por la Junta "es para pisotear la ley, que está bien, es la orden lo que está mal".
Dicha orden ha sido criticada en el Parlamento por la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet, que pone en duda si a la hora de dictarla --con la misma se regulan bolsas de trabajo docentes donde se prioriza el tiempo de servicio-- se ha tenido en cuenta la "transversalidad". A ello la consejera de Educación, Sonia Gaya, ha respondido recordando los trámites preceptivos para el desarrollo de una ley.
Tras mantener numerosas reuniones con ADDA, la Consejería de Educación "se comprometió a cumplir" la legislación y "garantizar que el 10 por ciento de las vacantes que se generaran para el curso 2018-2019 fueran cubiertas por aquellos integrantes de las bolsas de empleo público que acreditaran tener una discapacidad, para cuyo registro incluso se estableció un plazo".
Pero el departamento que dirige Sonia Gaya, "alegando presión por parte de los sindicatos, se ha echado atrás en su promesa inicial, no solo mostrando una falta de seriedad importante, sino, además, incumpliendo conscientemente una ley que ellos mismos elaboraron y que, por ende, supone una ilegalidad y una falta de sensibilidad alarmantes hacia un colectivo que, sin duda, muestra una gran vulnerabilidad en el acceso al mercado laboral".
Además, lamenta que la realidad actual es que, en la Oferta Pública de Empleo, las plazas que no se cubren por discapacidad, bien por falta de aspirantes o por suspensos, "son ocupadas por interinos del turno general, en vez de reservarse para que sean cubiertas por personas con discapacidad en futuras convocatorias". Según las cifras de que dispone la asociación, "sólo con las plazas que han pasado al turno general en esta última convocatoria, 377 en total, ya podría estar trabajando todo el personal acreditado con discapacidad (249 docentes), que reclama que la ley no se cumple".
De este manera, desde ADDA solicitan que la Consejería de Educación "cumpla" la ley y "tenga en cuenta" al colectivo de personas con discapacidad, "cumpliendo, además, con la promesa realizada". "Un compromiso que ni siquiera supone un trato de favor al colectivo, sino que responde a actuar dentro de la normativa que ellos mismos elaboraron, aprobaron en el Parlamento, publicaron en BOJA el 25 de septiembre 2017 y es de obligado cumplimiento desde el 24 de octubre de 2017".
Por último, los docentes afectados señalan que en la última reunión con la Junta el pasado 3 de julio, la viceconsejera de Educación, Elena Marín, "se comprometió con la asociación a valorar la correcta ejecución de la ley en lo referente a las bolsas docentes". Sin embargo, "a fecha de hoy estamos a la espera del informe jurídico al que tanto la consejera de Educación como la viceconsejera se han agarrado para justificar el desarrollo de la Orden 18/06/2018".
"En julio Gaya volvió a acogerse a ese informe jurídico favorable a la Junta para vulnerar los derechos de los docentes con discapacidad, además de anunciar la petición de otro informe a servicios ajenos para asegurarse, aunque nadie sabe ni ha visto dichos informes jurídicos", concluye ADDA.
