CÓRDOBA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los trabajadores de Locsa han aceptado este lunes en referéndum la propuesta que la multinacional italoalemana KME, propietaria de la factoría cordobesa, les presentó este pasado sábado y que conlleva el cierre de la fábrica y la extinción de contratos para sus 120 empleados, aunque se mantendrá la actividad en las instalaciones de KME en Barcelona.
Según ha informado el sindicato UGT, a esta situación se ha llegado después de que la multinacional, tras anunciar en marzo pasado pérdidas millonarias, dificultades para acometer inversiones y la falta de viabilidad de su fábrica cordobesa, inició en la primera semana del presente octubre los trámites legales para disolver y liquidar su negocio en España, tanto en Córdoba como en Barcelona.
Después de varios intentos de negociación fallidos, el comité de empresa conoció que la intención de la multinacional era presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades y sin prejubilaciones. Esta propuesta, según ha recordado UGT, rebajaba las condiciones ofertadas en agosto por KME, "un plan social que incluía 50 días por año trabajado e indemnizaciones para jóvenes y prejubilados y que UGT apoyó, reuniendo las firmas necesarias para celebrar un referéndum en el que, sin embargo, el plan fue rechazado".
EL ACUERDO APROBADO
Sin embargo, el acuerdo sometido y aprobado este lunes en referéndum recoge, en primer lugar, el cese de las actividades en el centro de Córdoba y la extinción de todos sus contratos de trabajo, pero también estipula el mantenimiento y la potenciación del centro de trabajo de Barcelona (centro de corte, servicio y distribución). Según el texto, la empresa tendrá que modificar su situación actual de disolución y liquidación para adaptarse a este escenario de continuidad y para cumplir las condiciones de un nuevo plan social.
Este contempla la extinción de todos los contratos de trabajo con efecto del próximo 30 de octubre de 2011, pasando a disfrutar vacaciones desde el 15 de octubre, así como el abono de todos los salarios pendientes de cobro.
En cuanto a las indemnizaciones brutas por la extinción de los contratos de trabajo, se recogen con arreglo al baremo general siguiente (excepto jubilados parciales): 45 días de salario por año de servicio más 500 euros por cada año de antigüedad, con un tope máximo sobre la cantidad resultante de 42 mensualidades de salario y, en todo caso, con el límite máximo de 150.000 euros o mínimo indemnizatorio en cualquier caso de 10.000 euros. Estas condiciones indemnizatorias se extienden con carácter voluntario a los 12 trabajadores despedidos el pasado 21 de julio.
