Imagen promocional de 'Tu voz cuenta Estudio sobre la realidad laboral en la provincia de Córdoba'. - CCOO
CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un estudio elaborado por CCOO de Córdoba revela "una profunda crisis estructural en el mercado laboral de la provincia de Córdoba, caracterizada por el deterioro del bienestar de las personas trabajadoras, la precariedad y la escasa o nula conciliación".
Según ha informado el sindicato en una nota, así se recoge en el informe elaborado a partir de los resultados de 'Tu voz cuenta: Estudio sobre la realidad laboral en la provincia de Córdoba', realizado por el sindicato en el marco de la Línea 'Mejora de la Empleabilidad' del Proyecto 'Destino Empleo' del acuerdo de concertación con la Diputación de Córdoba.
El estudio, que analiza la situación laboral en la provincia de Córdoba, se basa en 329 encuestas anónimas a personas residentes en diversas localidades de la provincia, a quienes se presentó una combinación de preguntas de respuesta cerrada y de respuesta abierta, "una metodología mixta orientada a recoger la diversidad de experiencias, perspectivas y vivencias de los distintos colectivos involucrados en el estudio", según ha explicado la responsable del Proyecto 'Destino Empleo', Cristina Soler.
Las encuestas se centran en cuatro colectivos: personas desempleadas, personas trabajadoras por cuenta ajena, por cuenta propia, y personal de las administraciones públicas.
El informe apunta que la salud mental es el problema más grave a resolver. "Más de dos tercios de las plantillas, tanto en el sector público como en el privado, sufren un alto desgaste emocional derivado de ritmos de trabajo asfixiantes y sobrecarga de tareas. Esta situación se agrava radicalmente en las personas en desempleo, quienes experimentan una pérdida generalizada de autoestima y un fuerte sentimiento de abandono institucional".
Además, "los trabajadores autónomos padecen un estrés crónico continuo, ya que la imposibilidad de desconectar y la incertidumbre económica afectan a más del 85% del colectivo", según ha precisado Soler.
En cuanto a las condiciones contractuales y la conciliación, se evidencia que la estabilidad en la contratación no se traduce en bienestar social. "La mayoría de los empleados manifiesta un descontento con sus salarios debido al alto coste de vida y al tiempo que se generaliza el trabajo fuera de jornada, pues casi la mitad del sector privado alarga su horario laboral, y más del 60% del personal público asume horas extra para suplir la falta de recursos".
Paralelamente, "la conciliación resulta prácticamente imposible debido a la escasa implantación del teletrabajo, la rigidez horaria y las extensas jornadas (que en el caso de los autónomos superan con frecuencia las 48 horas semanales), anulando el derecho a la desconexión digital", según ha añadido la responsable sindical.
El estudio también pone de relieve que existen serias barreras de acceso al empleo y una desconexión formativa. El edadismo representa la principal forma de discriminación, afectando especialmente a las personas desempleadas mayores de 45 años, quienes conforman más de la mitad del paro provincial, a lo que se suman continuos sesgos de género. "Pese a que la población activa cordobesa cuenta con un elevado nivel de estudios (más del 65% de las personas en paro posee formación superior o universitaria), el tejido económico local es incapaz de absorber este talento", ha subrayado Cristina Soler.
Finalmente, el informe advierte sobre las deficiencias de la administración y la protección social. "Las prestaciones por desempleo resultan insuficientes para cubrir el coste de vida de la mayoría de sus beneficiarios y beneficiarias, dejando además a un tercio de las personas paradas sin ninguna cobertura. Al mismo tiempo, las personas trabajadoras por cuenta propia enfrentan una elevada presión fiscal y una excesiva traba burocrática".
Por su parte, "la propia administración pública evidencia un preocupante deterioro interno marcado por la falta de medios materiales y un envejecimiento de sus plantillas, donde más del 70% del personal supera los 45 años, lo que pone en riesgo el relevo generacional y la calidad de los servicios públicos esenciales".