Exgerente del SAE "no tuvo constancia" de problemas en la gestión del programa de ayudas de los ERE

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Antonio Toro Barba, exgerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y ex director general desde 2000 y 2008 en la Consejería de Empleo de la Junta, ha señalado este lunes que "no tuvo constancia" de que hubiera problemas en la gestión por parte de la Dirección General de Trabajo del programa presupuestario 31L de ayudas sociolaborales.

Así lo ha manifestado Toro Barba, quien también fue director del Servicio Estatal de Empleo (SEPE), en su declaración como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) desde 2001 hasta 2010.

Toro, testigo propuesto por la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, fue director general en distintas áreas de la Consejería de Empleo desde 2000 hasta 2008, cuando asumió la Gerencia del SAE hasta 2010. Ha señalado que siempre actuaba bajo "supervisión del viceconsejero y consejero", coincidiendo éste con José Antonio Viera y Fernández como consejeros y el propio Fernández y Agustín Barberá como viceconsejeros, los tres acusados en este juicio.

El testigo ha recordado que en los consejos de dirección y en los consejos de dirección ampliado de la Consejería coincidió con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los 22 acusados en este juicio. Si bien, ha precisado que no se informaba en estas reuniones de los programas de cada dirección general de forma detallada, sino con carácter general. "No era sitio para hablar de casos concretos", ha añadido.

Toro tenía conocimiento de la existencia del programa presupuestario 31 con el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas por parte de la Dirección General de Trabajo, que se pagaban por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) con fondos del 31L. "Si ves las aplicaciones presupuestarias, sabes que la Dirección General concedía las ayudas e IFA/IDEA las pagaba", ha afirmado.

No obstante, ha precisado que "no conocía la gestión del 31L", como tampoco Guerrero conocía "mis gestiones", manifestando que entonces "no tenía constancia de que hubiera problemas con su gestión --31L--, las he tenido después".

A preguntas del fiscal, Toro ha admitido que "pudiera ser" que en 2004 se hiciera una transferencia de fondos del programa 32H, del Servicio Andaluz de Empleo, al 31L de unos tres millones para el pago de ayudas sociolaborales a extrabajadores de la Faja Pirítica.

En este sentido, ha declarado que ante situaciones en la que se mezclaba la gestión de varios centros directivos como el anterior, "actuaba el viceconsejero y el consejero".

Toro ha explicado que él participó en planes de recolocación laboral ante las crisis empresariales de distintos sectores, pero no en la gestión de ayudas sociales, precisando que eran asuntos sucesivos no en paralelo y estaban "coordinados por consejeros y viceconsejeros de Empleo".

Tras concluir el testimonio de Toro, la Sala ha escuchado la lectura y el audio de la declaración en fase de instrucción, en concreto en enero de 2016, de la que fuera letrada jefa de la Cámara de Cuentas, Margarita Regli, quien ha alegado motivos de salud para no comparecer.

En la misma, Regli ratificó ante la juez María Núñez Bolaños su informe del año 2012 donde señalaba que las transferencias de financiación podían utilizarse para otros fines distintos a equilibrar el presupuesto de la agencia IDEA, como era el pago de las ayudas sociolaborales, mientras que también dijo que, para hacer su informe, no comprobó que los beneficiarios de las ayudas cumplieran los requisitos, ya que "no era su labor", por lo que tampoco comprobó "expediente por expediente" para ver si se cumplían dichos requisitos, incumplimiento que podría suponer un supuesto de responsabilidad contable.

En este sentido, señaló que para realizar el informe no solicitó los papeles de trabajo de los auditores. Durante su declaración, además, indicó que se podían establecer diferentes finalidades para las transferencias de financiación, pero en los presupuestos se señalaban que las del 31L eran para ayudas sociolaborales y el IFA/IDEA no podía usarlas para otras cuestiones.

Según su declaración, la competencia para conceder las ayudas sociolaborales es de la Dirección General de Trabajo.

Con el visionado de la declaración ha concluido la fase testifical del juicio de los ERE, por la que han pasado alrededor de 120 testigos, aunque en un inicio estaban previsto 146, y cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras la renuncia expresa de una veintena por parte de las partes, principalmente las defensas.

TURNO PARA LOS PERITOS

Este martes dará comienzo la prueba pericial de forma conjunta, considerada por las partes como prueba fundamental para esclarecer los hechos que se juzgan en este procedimiento específico. El tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha citado a nueve peritos para mañana, a partir de las 10,00 horas.

En concreto, el tribunal citó a Jesús Ruiz Ayúcar de Merlo --eximido de asistir por enfermedad-- Ángel Turrión Macías, Rosa María Hernández Antón y Eduardo Vilaseca Sánchez, peritos de la Intervención General del Estado, a propuesta de la Fiscalía, acusaciones y defensas de los exconsejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo y exviceconsejeros José Salgueiro y Jesús María Rodríguez Román.

Igualmente, a petición de la defensa del exconsejero Antonio Fernández, ha citado a José Ignacio López González. Hasta nueve defensas han solicitado la pericial de Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez. El perito Juan Ramallo Massanet ha sido propuesto por seis de las defensas de los ex altos cargos acusados de prevaricación y malversación en esta pieza política.

Por su parte, la defensa de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo ha propuesto la pericial de Juan Carlos Carillo Donaire y Juan de Dios Jiménez Aguilera.

El tribunal tendrá que citar aún a los dos peritos de la Dirección General de Seguros, cuya pericial se realizará posteriormente y ha sido propuesta por Fiscalía, PP-A, Manos Limpias y las defensas de Viera, Vallejo, Salgueiro y Rodríguez Román.

Los peritos, durante la prueba pericial conjunta, comenzarán a ser interrogados por los fiscales y después por las acusaciones y defensas. Además, podrán intervenir cuando lo consideren oportuno para replicar las opiniones de los otros peritos.