El exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta declara que no conocía el convenio marco IFA-Empleo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Francisco del Río, jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía entre 1982 y julio de 2012, ha asegurado este lunes, durante su declaración en el juicio contra ex altos cargos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el Gobierno andaluz, que desconocía el convenio marco firmado en 2001 entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), de cuyo Consejo Rector formó parte desde su fundación hasta el año 2012, y la Consejería de Empleo por el que se regulaba la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas. "Lo conozco cuando surgió el problema que nos ocupa y en las actuaciones" de esta causa, ha reconocido.

Del Río, para quien el Ministerio Fiscal solicita diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, ha señalado que "ahora" ha conocido que el convenio marco fue llevado al Consejo Rector pero "no asistió a esa sesión ni a la siguiente", apuntando que su asistencia a ellas era "del 50 por ciento".

Cabe recordar que el exjefe del gabinete jurídico de la Junta, en mayo de 2014, se acogió a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, que comenzó la investigación del caso ERE, pero entonces presentó un escrito en el que defendía que su actuación "en todo tiempo y momento se ha ajustado al más genuino y escrupuloso respeto de la legalidad".

En este sentido, ha indicado que como miembro del Consejo Rector de IFA --posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)-- sobre los convenios particulares se daba cuenta de la firma, pero "no se entregaba documentación de los convenios". Sólo tuvo, según ha precisado, copias de los convenios que aprobó en las sesiones del Consejo Rector que superaban la cantidad de 450.000 euros, que fueron "cuatro o cinco".

Del Río ha reiterado que en los convenios aprobados "no se facilitaban el expedientes, por lo que no podía saber de dónde venían", en referencia al convenio marco. "De los que aprobé tuve copias, pero no venía referencia alguna al convenio marco", ha insistido, precisando que IFA/IDEA participaba en los convenios particulares "materializando el pago de las subvenciones concedidas por la Dirección de Trabajo".

Preguntado por el fiscal si una vez leído el convenio marco considera que era preceptivo un informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Empleo, Del Río ha afirmado que "atendiendo a la literalidad --del reglamento del Gabinete Jurídico--, sí", al tiempo que ha señalado que "tendría que estudiar" si el convenio debió publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Del Río, que ha indicado que no llevaba a cabo la supervisión de todos los informes pero sí hacía un muestreo aleatorio para su conocimiento, ha señalado que el Gabinete Jurídico podía abordar 20.000 asuntos anuales y que el responsable de cada informe era el letrado que lo firmaba. El ex alto cargo del Gobierno andaluz ha señalado que sí realizaba un oficio de remisión de los informes.

De otro lado, ha reconocido que no conocía las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 sobre ayudas sociolaborales, apuntando en este sentido que la normativa autonómica en relación a las ayudas sociolaborales venía recogida en cada Ley de Presupuestos o en la Ley General de Subvenciones de 2003.

"NO RECIBIÓ REPAROS DE LA INTERVENCIÓN A AYUDAS A HAMSA"

Interrogado por el fiscal anticorrupción José Enrique Egocheaga sobre las ayudas a empresas en situaciones de crisis, ha afirmado que tuvo conocimiento por los medios y que el Gabinete Jurídico de la Junta no recibió los reparos de la Intervención a las ayudas a la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa).

Sobre el borrador de la Dirección General de Trabajo para un proyecto de decreto para regular las ayudas sociolaborales en el año 2000, ha expresado Del Río que "lo conoció en la causa". Un proyecto que llegó a ir tres veces a la reunión de la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta --el 'consejillo'-- y a la que también asistía Del Río. Del mismo modo, ha comentado que de forma paralela a este proyecto se llevaban a cabo los trámites para el Reglamento General de Subvenciones, que se aprobó en 2001.

Años más tarde, en 2004, hubo otro nuevo intento por parte de la Dirección General de Trabajo para una orden reguladora de las ayudas sociolaborales. En este punto, Del Río ha indicado que las órdenes quedaban a criterio del consejero correspondiente elevarlas al 'consejillo', pues no iban al Consejo de Gobierno.

En este punto ha indicado que los informes preceptivos sobre órdenes eran materia de la asesoría jurídica de las consejerías, en este caso de Empleo. Del Río ha admitido que no tuvo conocimiento sobre el uso de las transferencias de financiación para allegar fondos a IFA/IDEA ni tampoco conocía que las ayudas carecían de fiscalización previa y de expedientes de gastos.

De otro lado, ha explicado que como miembro del 'consejillo' tenía un papel de "asesor verbal" para todo lo tratado, con voz pero sin voto. A este respecto, ha comentado, a preguntas de la Fiscalía, que las modificaciones presupuestarias también pasaban por los 'consejillos', donde llegaban "dos folios" que eran los mismos que elevaban al Consejo de Gobierno.

Del Río ha señalado que su nombramiento como miembro del Consejo de IFA/IDEA fue "discrecional" por el Consejo de Gobierno, precisando que el Gabinete Jurídico no tenía que prestar asesoramiento a la agencia pública, que contaba con su propio gabinete. "El Gabinete Jurídico no llevaba la asesoría jurídica del IFA, no pudiendo emitir informes", ha reiterado posteriormente.

El ex alto cargo de la Junta ha señalado que no conocía las vías de financiación de IFA y, en este sentido, ha apuntado que las ayudas a empresas no tenían que contar con informes jurídicos, sólo si la Consejería lo estimaba.

"NO CONOCÍA LA FINALIDAD DE LA PARTIDA 31L"

Del Río ha admitido que no conocía la finalidad de la partida presupuestaria 31L usada para pagar ayudas sociolaborales y a empresas por IFA/IDEA tras recibir vía transferencias de financiación los recursos de la Consejería de Empleo.

Como consejero de IFA recuerda que se trasladara "poca" información sobre los informes de la Intervención General sobre el Control Financiero Permanente de la agencia pública, que no se entregaba, sino que se contaba su contenido. En este sentido, ha afirmado que leyendo las actas del Consejo Rector posteriormente sí conoció que se trasladó al órgano la situación "preocupante", según la Fiscalía, de la tesorería de IFA/IDEA.

Preguntado por el Ministerio Fiscal si era práctica habitual que la Consejería de Empleo acudiese a bufetes de abogados externos para asesoramiento y representación, Del Río ha señalado que no era habitual, pero casos aislados "sí". En este sentido, ha asegurado que "por descontado" los servicios jurídicos de la Consejería podían haber hechos los informes contratados a Garrigues y otros bufetes sobre el uso de IFA para el pago de ayudas sociolaborales, que no conoció.

A preguntas de su abogado, Francisco del Río ha asegurado que el Gabinete Jurídico actuaba "a demanda" del órgano gestor, que debía solicitar los informes, al tiempo que ha resaltado que en la base de datos del Gabinete no constan informes de servicios centrales o de la Consejería de Empleo sobre las ayudas.

Antes de Francisco del Río, el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano ha respondido a preguntas de su abogado para concluir su interrogatorio iniciado el pasado martes por el Ministerio Fiscal. Así, ha asegurado que IDEA "nunca pagó si no recibía antes el dinero desde Empleo, nunca anticipó recursos", al tiempo que ha indicado que en la causa ha conocido la presencia de intrusos en los expedientes de ayudas o los pagos cruzados. "No tuvimos atisbo de ilegalidad, de haberlo tenido, hubiésemos actuado", ha manifestado.