Expresidentes del Parlamento señalan que los diputados conocían "perfectamente" el programa de ayudas de los ERE

Javier Torres Vela y Manuel Gracia, tras declarar como testigos en los ERE
EUROPA PRESS
Publicado 10/07/2018 16:04:33CET

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha contado este martes con las declaraciones como testigos de tres expresidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracias, Javier Torres Vela y Fuensanta Coves.

Los dos primeros han coincidido en señalar que los diputados de la Cámara autonómica conocían "perfectamente", según Gracia, el programa presupuestario 31L de concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis, que concedía la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y que pagaba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente que recibía los fondos del 31L a través de transferencias de financiación, herramienta presupuestaria que, según la acusación, permitía eludir la fiscalización previa de las ayudas.

Gracia, el primero en declarar, ha señalado que en la documentación del Consejo de Gobierno sobre el proyecto de Ley de Presupuestos, la memoria, el informe del Consejo Consultivo, y demás documentación, distribuida a los parlamentarios, "se decía de forma transparente" la gestión del programa 31L, mencionando que eran ayudas sociolaborales y a empresas. "Creo que sí se desprende que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas y el IFA/IDEA las pagaba", ha añadido.

Además, ha considerado que se podía conocer la importancia del programa y las "dificultades" de financiación del mismo. En opinión de Gracia, parlamentario desde 1982 hasta 2015 y presidente del Parlamento desde 2012 hasta 2015, "todos los diputados sabían perfectamente que la finalidad del programa 31L eran ayudas sociolaborales y a empresas". A preguntas del abogado del PP-A, ha afirmado que Griñán, Magdalena Álvarez o Carmen Martínez Aguayo, exconsejeros de Hacienda, "no podía tener menos conocimiento que los parlamentarios, el menos el mismo," sobre el 31L.

"NO SE PUEDEN INVESTIGAR LOS VOTOS DE LOS DIPUTADOS"

Gracia ha reconocido que durante la instrucción del caso ERE "nos llamó la atención" que la juez Mercedes Alaya instara a una actuación para investigar a los parlamentarios, una cuestión que "entendía" que era una "extralimitación" pues "no puede ser objeto de investigación ni los votos ni la opinión de los parlamentarios", por lo que, según ha recordado, elevó una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no fue admitida.

"Después hubo un auto desistiendo de esa investigación sobre la actuación de los diputados de la comisión de Hacienda", ha indicado el también exconsejero andaluz y actual presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

El abogado de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez ha planteado a Gracia que el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) recoge que el Parlamento aprobaba las transferencias de financiación para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de IFA/IDEA y no para las ayudas. Aunque Gracia, en su queja al CGPJ señalaba que bastaba comprobar la ficha presupuestaria del 31L para saber que las transferencias eran para el programa de ayudas.

En este sentido, Gracia, y a preguntas del letrado, ha señalado que era "absolutamente evidente" que la voluntad del Parlamento era aprobar las transferencias para la financiación de las ayudas, "en modo alguno" para "pérdidas y ganancias". A este respecto, como ya hiciera el exconsejero Antonio Ávila en su declaración como testigo, el expresidente parlamentario ha explicado que no hay definición jurídica de las transferencias de financiación sino que año a año en la Ley de Presupuestos se establecía que el desequilibrio de la cuenta de resultados de un ente se tenía que cubrir con transferencias de financiación.

"No se puede afirmar por ello que la transferencias de financiación sólo era para esto, no fija un destino único", ha aclarado. "No hay obstáculo legal para que las transferencias del 31L puedan ser finalistas", ha añadido.

"PARA NADA ENGAÑADOS"

A su juicio, los parlamentarios eran "total y plenamente conscientes de que aprobaban ayudas a empresas en crisis, que era una exigencia de la sociedad que el Gobierno andaluz llevaba a cabo", al tiempo que ha afirmado que "para nada" los parlamentarios se pueden sentir "inducidos a error o engañados" por el uso de las transferencias, sino que son "plenamente conscientes de lo que hacían".

Sobre este aspecto, Javier Torres Vela, presidente del Parlamento desde 1996 hasta 2004 y parlamentario desde 1982 hasta 2004, ha expresado que no comparte la tesis de que los diputados pudieran ser inducidos a error o engañados por el Gobierno con el uso de las transferencias. "Es difícil que puedan ser engañados", ha añadido Torres Vela.

De otro lado, a preguntas del abogado defensor de José Antonio Griñán, Gracia ha señalado que la Cámara de Cuentas "no alertó ni informó" desde el año 2000 hasta el 2011 de posibles irregularidades en el programa 31L, ni contenía "mención significativa" al mismo. "Tajantemente no hubo nunca" alarma de irregularidad al Parlamento sobre las ayudas.

Torres Vela también ha señalado que mientras fue presidente "no tuvo constancia" de incidencias sobre la partida 31L, un programa que entiende que sí era conocido "por todos los diputados" porque venía en la "memoria" del Presupuestos y con un destino "específico" de ayudas sociolaborales y a empresas.

A preguntas del fiscal, Gracia ha señalado que "no recuerda" haber conocido un texto relativo al programa 31L que dijera que se daban ayudas por la Dirección General de Trabajo y las pagaba IFA/IDEA. Por último, ha recordado que la Ley de Hacienda Pública recoge que todo acto de la Junta que suponga un gasto "tiene que ser fiscalizado".

Por su parte, Torres Vela ha reconocido que sabía de la situación de crisis en empresas y laboral pero "no del mecanismo de ejecución de las ayudas", conocimiento que emana de la memoria de los presupuestos.

La abogada de la acusación del PP-A, Lourdes Fuster, ha preguntado a Torres Vela si su mujer actualmente es jefa de departamento de la agencia IDEA. "¿Tiene esto que ver con el caso, señoría?", ha cuestionado el expresidente al tribunal, que, tras ordenar repetir la pregunta a la letrada, ha dicho que sí. "Sí", ha respondido el exdirigente andaluz.

La última en declarar este lunes ha sido Fuensanta Coves, presidenta del Parlamento de 2008 a 2012. Su declaración, la más breve de las tres, ha estado marcada por una respuesta que ha dado en varias ocasiones: "Nunca nadie me hizo llegar problemas, dudas o indicios sobre el proyecto de Presupuestos o el programa 31L, de que tuviesen atisbo de irregularidad".

"En ningún momento, ni diputados, ni Cámara de Cuentas, ni la Oficina de Control Presupuestario, ni los letrados del Parlamento, me hicieron llegar alusión a un proceso irregular que afectaría a una partida", ha insistido.

Coves ha reconocido que la primera vez que conoció el programa 31L fue cuando saltó a la opinión pública con el caso ERE. A a la reiterada preguntas del fiscal que si conoció la línea de ayudas del 31L y su gestión como parlamentaria, ha afirmado que "nadie le hizo llegar alusión sobre irregularidades", aunque al final ha reconocido que no conoció el modo de gestión de las mismas.

Durante la sesión de este martes, las defensas han continuado renunciando a testigos. Así, este martes el abogado del ex secretario general técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez ha renunciado a tres testigos, aunque dos ellos no sólo fueron propuestos nominativamente por esta defensa.

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