Facua lamenta que el Plan de Consumo de la Junta no corrija la infradotación histórica y pide mayor dotación de recursos

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía ha lamentado que el Plan de Acción para la Defensa de los consumidores y usuarios de Andalucía 2025-2028 no corrija la infradotación histórica y ha pedido una mayor dotación de recursos a la administración de consumo para ampliar la inspección y la capacidad sancionadora y "garantice la restitución e indemnización de los daños causados".

Según ha informado Facua en una nota, la federación ha considerado que el Plan parte de "un error político y conceptual de fondo", ya que identifica problemas reales del sistema andaluz de protección de los consumidores pero no sitúa en el centro de la respuesta ni la dotación efectiva de medios públicos para corregirlos ni el refuerzo del movimiento asociativo.

En este sentido, la federación ha valorado positivamente que Andalucía cuente con un instrumento específico de planificación en materia de consumo, algo que venía reclamando desde hace años el propio movimiento consumerista. Sin embargo, "la mera existencia de un plan no significa que esté bien orientado, ni mucho menos que responda con la ambición necesaria a los déficits estructurales que arrastra esta política pública".

La Federación ha considerado que el principal déficit del sistema andaluz de protección de los consumidores "sigue siendo la falta de medios suficientes para garantizar una actuación pública eficaz". Sin embargo, dicho plan no sitúa esta carencia en el centro de su respuesta ni la traduce en compromisos concretos de refuerzo estructural.

El documento "sigue sin partir de un diagnóstico suficientemente preciso" sobre los recursos humanos y materiales disponibles, las carencias existentes y las necesidades reales del sistema. A ello se suma la falta de una memoria económica clara, de una calendarización concreta de las medidas y de indicadores "suficientemente exigentes" para evaluar su cumplimiento.

Por tanto, la federación ha expuesto que no puede hablarse de "modernización real" de las políticas de consumo mientras siga sin resolverse la cuestión esencial como "dotar a la administración de consumo del personal, los medios y la capacidad de actuación necesarios para vigilar el mercado, tramitar expedientes con agilidad, sancionar las infracciones y garantizar la reparación efectiva a los consumidores".

Asimismo, Facua ha indicado de que "uno de los principales déficits del documento es que no realiza una apuesta clara, material y efectiva por fortalecer a las asociaciones de consumidores como instrumento de equilibrio en el mercado". Así, el derecho de consumo parte de una realidad evidente ya que "existe un desequilibrio estructural entre empresas y consumidores, y una de las herramientas fundamentales para corregirlo es precisamente la capacidad de estas últimas para asociarse y defender colectivamente sus derechos".

Sin embargo, el Plan de la Junta incurre en una deriva "profundamente equivocada" al mencionar a las organizaciones de consumidores de forma genérica, situarlas en un plano prácticamente equivalente al de las organizaciones empresariales y diluir su función específica dentro del sistema de protección de derechos.

Por otro lado, la organización ha considerado que esta omisión no es menor, sino "un síntoma claro del enfoque político que inspira el documento". Por tanto, "no se puede pretender mejorar la defensa de los consumidores mientras se relega a las entidades que, por mandato constitucional y legal, están llamadas a desempeñar una función esencial de representación colectiva, información, formación, educación y defensa de sus intereses".

SOBREDIMENSIONAMIENTO DE LA DIGITALIZACIÓN

Igualmente, Facua ha cuestionado que se pretenda presentar como "gran avance" la puesta en marcha de la Hoja Electrónica de Quejas y Reclamaciones cuando se trata de una herramienta que llega con años de retraso y, además, con concesiones en su entrada en vigor para las empresas. La federación entiende que la digitalización puede ser útil, pero "no puede convertirse en una coartada política para maquillar la ausencia de refuerzo estructural".

En esta línea, la federación ha afirmado que "un sistema de consumo no mejora solo porque sus formularios pasen a ser telemáticos. Mejora cuando existe una mayor capacidad pública para vigilar, tramitar, resolver, sancionar y reparar". Ese mismo problema se aprecia en el énfasis con el que la Junta está presentando la incorporación de la robotización y la Inteligencia Artificial (IA) al portal Consumo Responde o la creación de sistemas expertos orientados al arbitraje.

Al hilo, Facua alberga serias dudas y reservas sobre esta orientación, pues considera que la IA puede generar "respuestas inexactas, carecer de la contextualización necesaria y reproducir sesgos algorítmicos perjudiciales para los consumidores". Además, insiste en que cualquier uso de estas herramientas debe quedar sometido a un marco sólido de control, supervisión y transparencia, y que la intervención humana debe ser en todo caso "indispensable".

Sin embargo, "la protección de los consumidores no puede descansar sobre respuestas automáticas que operen sin plena comprensión del contexto, sin valoración probatoria y sin criterio jurídico".

En este contexto, otro de los déficits relevantes de este plan de acción es su escasa ambición en materia preventiva y sancionadora. Muchas de las medidas anunciadas se limitan a reproducir lo que ya impone el marco normativo vigente y no suponen un salto real en la protección efectiva de los consumidores. De ahí la necesidad de incrementar los recursos humanos destinados a inspección, control y tramitación sancionadora, así como de reforzar la aplicación de mecanismos de restitución y reparación del daño.

Además, no basta con sancionar "formalmente" si después no se repone la situación alterada ni se indemnizan los daños y perjuicios causados. Esa posibilidad está contemplada en el marco legal, pero "sigue sin aplicarse ni promoverse de forma efectiva en los procedimientos sancionadores". No obstante, "sin reparación, la acción administrativa pierde gran parte de su capacidad protectora y preventiva".

Por otro lado, ha considerado preocupante que el Plan adopte un tono excesivamente amable hacia las empresas, al priorizar su sensibilización y formación en materia de consumo. En una política pública llamada a proteger a la parte más débil de la relación de consumo, ese enfoque desplaza el centro de atención y rebaja la exigencia hacia quienes están obligados a cumplir la normativa.

"El respeto a los derechos de los consumidores no puede plantearse como una cuestión de pedagogía hacia el empresariado, sino como una obligación legal que debe garantizarse mediante control, inspección y sanción". Así, insistir en ese tratamiento blando desdibuja la función protectora de las políticas de consumo y resta prioridad al refuerzo de los mecanismos públicos de defensa de la ciudadanía.

Por todo ello, Facua ha pedido a la Junta una "rectificación" de prioridades. "Andalucía no necesita un Plan de Consumo que se limite a exhibir novedades tecnológicas, a duplicar apoyos al ámbito empresarial o a formular objetivos vagos".

Por último, La federación ha expuesto que "es necesaria una política pública que dote de recursos suficientes a la administración de consumo, que amplíe la inspección y la capacidad sancionadora, que garantice la restitución e indemnización de los daños causados, que reserve la tecnología a un papel estrictamente auxiliar", siempre bajo control humano efectivo, y que refuerce de verdad el movimiento asociativo de consumidores.