CES-A resalta el acuerdo "inédito" en Andalucía para pedir la reforma del sistema y cree que la ordinalidad "enmascara posiciones de mantenimiento de privilegios"
SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha valorado este lunes el "gran trabajo" de la Junta para lograr el "consenso" en torno a la reforma del nuevo sistema de financiación autonómica y ha confiado en que se consiga una financiación autonómica "digna" que además "repercuta en las arcas municipales".
Villalobos se ha reunido con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que ha expresado su punto de vista "municipalista" y ha reiterado el "gran trabajo del Gobierno andaluz" respecto al nuevo sistema de financiación, con un acuerdo sobre el que ha habido "consenso, diálogo y puesta en común, y donde nos han dado voz a los municipalistas".
A su juicio, todo ello "se ha plasmado en un modelo serio y responsable, acorde con las necesidades de los 768 municipios que conformamos el puzzle municipalista en Andalucía" y donde se concluye que la comunidad andaluza está "infrafinanciada", citando el ejemplo último en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 "donde Andalucía recibe 42 euros menos de media por habitante que la media nacional, o en el ranking por provincias, donde seis de ocho provincias andaluzas están por debajo de la media nacional".
"Queremos que Andalucía reciba por ley lo que le corresponde", ha aseverado Villalobos, que ha asegurado que los ayuntamientos "somos conscientes de que con una buena financiación autonómica algo va a llegar a la financiación de nuestros ayuntamientos". A su juicio, "los frutos de una financiación autonómica digna revertirán en el bien de las arcas municipales".
En ese sentido, ha recordado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido al Gobierno central que cree una mesa de trabajo en el Congreso para abordar la financiación local "y que haga lo mismo que la Junta de Andalucía, llamarnos y poder decir lo que pensamos de la financiación".
"Es hora de hablar, de negociar y de cambiar el modelo desde la coherencia", ha aseverado Villalobos, quien espera que el día 18 de abril, cuando está prevista la reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que el jefe del Ejecutivo central "cumpla con Andalucía". "Vendría entonces como anillo al dedo el refrán que dice 'lo que bien empieza, bien acaba'", ha concluido el presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla.
PARTICIPACIÓN DEL CES-A
Por su parte, el presidente del CES-A, Ángel Gallego, ha valorado que este acuerdo para pedir la reforma de la financiación autonómica supone "un proceso inédito a la hora de conformar una posición política en Andalucía", ya que "por primera vez el sistema político, con sus protagonistas esenciales, es decir, el Parlamento, y los agentes sociales e instituciones y organizaciones sectoriales, han participado de forma fructífera y fértil en la construcción de la posición política que Andalucía debe defender en un tema de trascendencia y de primera magnitud".
Tras indicar que la financiación autonómica "nos atañe a todos y afecta a la igualdad entre ciudadanos y al Estado del Bienestar", Gallego ha valorado la participación y ha precisado que el CES-A participó mediante la elaboración de consideraciones, que elevaron a la Junta, el ser un órgano consultivo.
Ha recordado que en aquellas consideraciones ya advirtieron de la " infrafinanciación" de Andalucía "derivada tanto del diseño como de los criterios que se aplicaban en el sistema" y donde "se ha rozado en muchas ocasiones la arbitrariedad". "Ha habido un amplio consenso y unanimidad en reconocer esa infrafinanciación", ha apuntado.
Por ello, considera que para Andalucía "es inaplazable y perentoria la revisión del sistema, porque, de lo contrario, se abren brechas entre las comunidades autónomas y en la prestación de servicios fundamentales", algo en lo que incide el informe del CES-A.
Asimismo, ha apuntado que el CES-A es "rotundo" en su negativa a aplicar el principio de ordinalidad como criterio de financiación "porque no está recogido en la Constitución ni hay razón técnica que lo avale".
Para Gallego, "defender el principio de ordinalidad supone el mantenimiento de un sistema injusto de distribución de fondos", toda vez que "ese principio ordena a las comunidades de acuerdo con su PIB, lo que supone una ruptura con el principio de igualdad y suficiencia". Por ello, ha abogado por la desaparición de ese principio de ordinalidad "que enmascaran posiciones de mantenimiento de privilegios".
