Fiscal destaca el esfuerzo inversor de Junta en depuración y reclama al Estado 300 millones que corresponden a Andalucía

EDAR depuradora Colmenar josé fiscal consejero inauguración 2015
JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Publicado 13/03/2018 15:18:57CET

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha destacado el esfuerzo inversor y de gestión del Gobierno andaluz para lograr que toda la población tenga las infraestructuras necesarias para poder depurar sus aguas residuales.

Según ha indicado Fiscal durante su intervención en un debate a petición del PP en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, para la administración regional es una "prioridad" cumplir con la directiva europea en esta materia, y por ello ha mostrado en numerosas ocasiones su voluntad de "ir mas allá" de sus propias competencias colaborando con la Administración General del Estado.

Durante su alocución, el consejero ha confirmado que en la actualidad existen cuatro expedientes sancionadores abiertos por la justicia europea a España por no cumplir sus obligaciones en materia de depuración de aguas, aunque uno de ellos apenas afecta a Andalucía.

Respecto al expediente que consideraba que en ocho aglomeraciones urbanas andaluzas se producían incumplimientos, ha avanzado que la Comisión Europea ha excluido al municipio de Estepona (Málaga), donde la colaboración entre la Junta y la Administración General del Estado ha sido "fundamental", hasta el punto de que el Gobierno andaluz "ha anticipado 31 y pagado cinco millones de euros para la construcción de la depuradora de esta localidad, a pesar de estar declarada de Interés General del Estado".

Respecto a las otras siete aglomeraciones andaluzas afectadas por la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo en 2011, el consejero ha informado de que tres de ellas son de competencia del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Barbate, Matalascañas y Nerja) y que, por tanto, es quien debe acometer las obras necesarias.

En esta línea, el consejero ha informado que la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Barbate (Cádiz), cuyo proyecto redactó la Junta y remitió al Ministerio en 2015, está en trámite ambiental; mientras que de la de Matalascañas (Huelva) aún no se conocen avances. En el caso de Nerja (Málaga), donde las obras continúan paralizadas, "tampoco hay ninguna novedad".

Ante esta situación, el titular autonómico de Medio Ambiente ha vuelto a requerir al Gobierno central para que invierta los más de 300 millones de euros que tiene pendiente para dotar a Andalucía de las infraestructuras de depuración declaradas de Interés General del Estado y ubicadas en localidades incluidas en los procedimientos sancionadores de la Unión Europea.

PROYECTOS AUTONÓMICOS

En relación a las otras cuatro que son de competencia autonómica (Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa y Coín), el consejero ha asegurado que todas están en ejecución, "lo que demuestra el compromiso de la Junta de Andalucía para cumplir los objetivos que marca la Directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales".

Fiscal ha aclarado que en Alhaurín el Grande (Málaga) se siguen ejecutando las obras del proyecto de agrupación de vertidos de los núcleos del Bajo Guadalhorce. Además, los colectores de conexión de dichas localidades se están realizando para dirigirlos a la nueva EDAR Málaga Norte tal y como recomiendan los estudios técnicos, habiéndose licitado ya la redacción del proyecto.

En el caso de Isla Cristina (Huelva), sus aguas residuales se tratarán adecuadamente en la nueva EDAR de la Antilla, cuyas obras estarán finalizadas este verano. Esta instalación dará servicio a los núcleos de población de Lepe-Cartaya, Urbasur-Islantilla-La Antilla y La Redondela. También se recogerán las aguas de Isla Cristina, Pozo del Camino, Urbanización de las Colinas-Las Palmeritas y la Urbanización Pinares de Lepe: se prevé que las obras del colector de conexión estén finalizadas también a finales de este año.

En cuanto a la depuradora de Tarifa (Cádiz), el consejero ha destacado que ya se ha puesto en funcionamiento, tras finalizar la Junta el pasado mes de enero las obras. Esta actuación ha supuesto una inversión de nueve millones de euros y beneficiará a unos 30.000 habitantes.

Respecto a Coín (Málaga), cuyas aguas serán tratadas en la EDAR Bajo Guadalhorce, se están finalizando tanto las obras de la estación depuradora como de los colectores.

De otro lado, Fiscal ha informado de que sobre el expediente de infracción de depuración en zonas normales que afecta a las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes que vierten en áreas no sensibles la sentencia de 2011 consideraba que en seis municipios no andaluces no se había cumplido con la obligación de recoger sus aguas residuales, mientras que 37 municipios, 13 de ellos en Andalucía, no habían tratado debidamente sus aguas residuales.

En el transcurso de su intervención, el consejero ha aclarado que su departamento realiza el seguimiento y control analítico de las 320 estaciones depuradoras que dan servicio a aglomeraciones de más de 2.000 habitantes en toda Andalucía: en 2017 se tomaron 7.829 muestras, que han supuesto 36.347 determinaciones analíticas.

Además de este seguimiento, la consejería ejecuta un Plan de Inspección de Vertidos para las demarcaciones hidrográficas andaluzas con el fin de controlar la calidad de los vertidos procedentes de estas instalaciones.

DEL 28 AL 90% DE DEPURACIÓN

Por último, el consejero de Medio Ambiente ha reiterado el interés de la Junta para que Andalucía cuente con todas las instalaciones necesarias para poder cumplir así los objetivos de calidad que marca la Ley de Aguas.

Según Fiscal, "debe prevalecer la colaboración entre todas las administraciones públicas por el interés común y el bienestar de los ciudadanos". Ejemplo de ello es la ayuda que ha prestado la Junta a las corporaciones locales en materia de saneamiento y depuración, unas actuaciones que han supuesto una inversión de más de 1.300 millones de euros.

Los datos ofrecidos en este sentido por el consejero apuntan a 208 millones comprometidos en 35 actuaciones, más otros 53 millones en cuatro actuaciones no incluidas en el protocolo, mientras que de los 230 millones que según el mismo corresponden a la administración central "tenemos conocimiento de las obras paralizadas de Nerja y de la redacción del proyecto de Gerena e Isla Mayor, en Sevilla. Creo que es muy poco".

En la actualidad, más del 90 por ciento de la población cuenta con una infraestructura que le permite depurar a sus aguas frente al 28 por ciento que la tenía en 1992.

Por parte del Grupo Popular, el diputado Jaime Raynaud ha insistido en el deseo de su formación de pedir comparecencias e iniciativas por este asunto al estar en juego "la calidad del agua de todos los andaluces", acusando a Fiscal de "no tener clara su misión de gobernar y ejecutar con transparencia". Así, ha apuntado a un desfase de 300 millones de euros a finales de 2016 y ha criticado que el argumento de la Junta sea apelar a la confrontación, preguntando en este sentido si ésta "existe en los informes del Defensor del Pueblo o de la Intervención General".

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