JAÉN, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Jaén destacó que uno de los principales problemas que se encuentra en los delitos contra la ordenación del territorio es el "retraso y la dificultad" en llevar a cabo la ejecución de las sentencias condenatorias en las que se acuerda la demolición de lo ilegalmente construido.
El fiscal especifica que en estos casos la persona condenada "no ejecuta voluntariamente la demolición de la edificación", de forma que esa medida debe realizarla la Administración, bien el ayuntamiento bien la Junta de Andalucía, según corresponda. "Sin embargo, tal ejecución para llevarla a cabo con todas las garantías y con pleno respeto al trámite de audiencia del condenado requiere un periodo largo de tiempo derivado del procedimiento a seguir", constata en un informe consultado por Europa Press.
En la memoria del ministerio público relativa al año 2008 en materia de ordenación del territorio, patrimonio histórico, medio ambiente incendios forestales, también avisa que existe en el ámbito rural de la provincia una práctica extendida en los delitos contra la fauna consistente en el uso de costillas de alambre, un sistema que está prohibido por Ley dado su "carácter indiscriminado", entre otras razones.
Ese método ilegal produce a veces la muerte de aves catalogadas de interés especial, de forma que al principio el fiscal calificaba estos hechos como constitutivos de un delito del articulo 336 en concurso con un delito del articulo 334 del Código Penal, si bien reconoce que era prácticamente imposible que de esta forma se condenara, de ahí que acabó optando por cambiar la calificación, lo que trajo "como consecuencia inmediata el que por parte de los juzgados de lo Penal se dicten sentencias condenatorias por los hechos y estas sean confirmadas por la Audiencia Provincial".
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL
En cuanto a su actividad, la sección de medio ambiente de la Fiscalía de Jaén ha registrado una disminución en el numero de diligencias de investigación penal incoadas durante el año 2008 en materia de Medio Ambiente y Urbanismo con respecto a las incoadas durante el año 2007, pasando de 98 ese año a las 69 de 2008.
En el ámbito de medio ambiente, se incoaron dos diligencias de investigación penal a lo largo del pasado año, habiéndose remitido al juzgado de instrucción con denuncia para la incoación de las oportunas diligencias previas, frente a las 14 diligencias de investigación penal incoadas durante el año 2007.
En materia de ordenación del territorio se abrieron 59 diligencias, de las que once fueron archivadas y 46 remitidas al juzgado de instrucción competente con denuncia para la incoación de diligencias previas. La mayor parte de estas diligencias se ha incoado por remisión al ministerio fiscal por parte de la autoridad local expedientes incoados por infracciones urbanísticas, según especifica en el citado informe.
Además, en lo que a patrimonio histórico se refiere, durante el pasado año no se incoó diligencia de investigación penal alguna --en el año anterior en este ámbito hubo once-- ni tampoco en materia de incendios forestales ni en malos tratos a animales domésticos.
Esta sección de la fiscalía abrió igualmente en materia de flora y fauna ocho diligencias de investigación penal, de las que una acabó siendo archivada mientras que seis fueron remitidas al juzgado. El ministerio pública precisa que estas diligencias se incoaron una vez que recibió de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía expedientes sancionadores a sociedades de caza por la aparición de cebos envenenados en el interior de los cotos.
