GRANADA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Superior de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz han celebrado este jueves en Granada unas jornadas para unificar criterios y adoptar una postura común sobre las medidas que deben emprenderse para la protección de suelo no urbanizable o rural ante las viviendas ilegales o las obras no autorizables.
En declaraciones a los periodistas en Granada, el defensor, Jesús Maeztu, ha apostado por "impedir" en lugar de "demoler" estas construcciones, y por concienciar a la sociedad en este asunto.
De hecho, la Fiscalía y el Defensor tienen previsto enviar a todos los ayuntamientos andaluces las conclusiones que alcancen al término del encuentro, para dejar claro que no debe existir "impunidad" en este tema. No obstante, ha incidido en que deberá estudiarse "caso por caso", porque, en su opinión, en ocasiones este tipo de edificaciones se construyeron de "buena fe".
Para estos casos, según Maeztu, existe la posibilidad de reclamar indemnizaciones, y cuando se trata construcciones de "mala fe" debe dejarse claro que actualmente existe "tolerancia cero" en lo que respecta a las levantadas en suelo no urbanizable".
En su opinión, debe desterrarse la idea de que los que cumplen la legalidad "son tontos" y los que la incumplen ya conseguirán regularizar su situación.
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, también se ha pronunciado sobre estos casos y ha indicado que "lo fundamental" es "prevenir cualquier acción delictiva que lesione un bien jurídico tan importante para Andalucía como la ordenación territorial".
En ese sentido, ha considerado que los funcionarios encargados de estos casos deben ser "conscientes" de la responsabilidad que contraen y de las consecuencias del incumplimiento de su labor, y ha recordado que existe el delito de prevaricación omisiva, que castiga a los que "dejan de hacer y dejan de cumplir", sin necesidad de que exista una acción más directa.
García Calderón ha hecho énfasis en el hecho de que debe analizarse no sólo la problemática que genera el incumplimiento de la legalidad sino, en el caso de las construcciones en suelo no urbanizable, también lo que se deriva del cumplimiento de la legalidad.
En la jornada de trabajo, además de otras cuestiones, Fiscalía y el Defensor analizarán además la colaboración de los gobiernos locales con la administración de justicia en aras a evitar la ejecución y consolidación de las agresiones que sufre esta tipología de suelo, así como las graves consecuencias de índole personal y ambiental que de éstas se derivan.
