La dirección socialista muestra su respaldo al equipo de gobierno, que ha tomado sus decisiones con criterios de "honorabilidad"
GRANADA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Gójar (Granada), el socialista Pedro Clavero, defendió hoy su actuación en el Ayuntamiento con la anulación del convenio de una promoción de la empresa Cavifer en la localidad, que ha motivado la presentación de una querella por parte de ésta. Según señaló en rueda de prensa, el administrador único de la denunciante es el hermano del ex alcalde, el 'popular' Francisco Javier Maldonado, a quien acusó de haber defendido los intereses personales de su familiar aprobando un convenio "ilegal" en el anterior mandato.
Clavero, imputado por los delitos de prevaricación, falsedad y contra los derechos individuales junto al resto de los miembros de su equipo de gobierno, incidió en que el Ayuntamiento lleva intentando desde hace año y medio, cuando cambió de color político, "aplicar la norma urbanística", algo que se ha llevado a cabo en la promoción de Cavifer ya concluida que se ha paralizado.
Según indicó, el convenio fue aprobado en sesión plenaria por el anterior equipo de gobierno modificando la calificación de los suelos, cuya edificabilidad sólo admitía la construcción de seis viviendas y no las 19 finales y fue firmado además por el hermano del administrador único de la promotora, algo que, según recordó, ha sido además motivo de una denuncia de la Fiscalía.
La nulidad del convenio cuenta asimismo con el visto bueno del Consejo Consultivo, "algo que ha olvidado poner la empresa en su denuncia y también el PP", con lo que confió en que la investigación judicial abierta se archive. "Acato la decisión del juez de tomarme declaración como imputado pero no estoy de acuerdo con ella", dijo.
Clavero aseguró que, antes de la presentación de la denuncia, el Ayuntamiento trató de negociar con la empresa, que le ofreció 600.000 euros por la concesión de la licencia, algo a lo que el alcalde se negó porque la edificación no contaba con los requerimientos legales necesarios para dicha concesión.
En otros encuentros mantenidos, Cavifer "asumió" que tenía que pagar tasas e impuestos, hasta un total de 150.000 euros, y el Consistorio se comprometió a tramitar la legalización de la licencia a cambio de una contrapartida monetaria de 150.000 euros, a lo que la empresa no accedió.
"Esta empresa ha venido a Gójar a obtener pingües beneficios con este pelotazo urbanístico y el Ayuntamiento ha tenido la osadía de enfrentarse a ella", indicó el regidor, quien indicó que, una vez que el juez haga su dictamen, el equipo de gobierno estudiará si la empresa ha podido cometer un supuesto delictivo de denuncia falsa.
Por su parte, la diputada nacional María José Sánchez mostró, en nombre de la dirección socialista, su apoyo a la actuación del equipo de gobierno en Gójar, que ha tenido "criterios de honorabilidad" en la toma de decisiones, por lo que confió en que las decisiones judiciales avalen a la corporación municipal.
