GRANADA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
Más de un centenar de agricultores y ganaderos, convocados por Asaja Granada, se concentraron hoy a las puertas de la Delegación Provincial de Agricultura en protesta por el "injustificable retraso" en el cobro de las ayudas de la PAC, debido a la "ineficaz" gestión de esta Administración, que tiene paralizados el 30 por ciento de los expedientes de 2005, según denunció el secretario general de Asaja Granada, Manuel del Pino, quien pidió la dimisión del delegado de Agricultura, Rafael Gómez.
En declaraciones a Europa Press, Del Pino señaló que ante esta protesta se han encontrado "con un delegado inasequible a la petición de los agricultores y que mantiene que la Delegación en todo momento está actuando correctamente y que paga a tiempo", algo que calificó como "un desencuentro".
Los agricultores han entrado en la Delegación para expresar a Gómez "su sentir y sus problemas" y la principal de sus quejas, "el mal funcionamiento de la Administración en el servicio de gestión de ayudas de la PAC", que, según Del Pino, "se traduce en un retraso permanente en el pago de los expedientes de ayuda a los agricultores.
Dichas ayudas se pueden percibir desde el mes de noviembre y hasta el mes de junio, "en el mes de noviembre se paga muy poco, la mayoría se retrasan y cualquier expediente que tenga incidencias no se atiende", algo que, en su opinión, ocurre "por una falta de personal dentro de la Administración para gestionar los expedientes de ayuda".
Ante esta situación señaló que han pedido al delegado que presente su dimisión y que ocupe su puesto otra persona "que sea capaz de gestionar los problemas de otra manera", informó Del Pino.
Asaja, señaló en un comunicado que el anticipo extraordinario de las ayudas concedido por la UE después de un "catastrófico" año para el sector con graves pérdidas de renta a causa de las heladas y la sequía, el incremento de costes por la subida del precio del gasóleo, los bajos precios en origen y la aplicación de la reforma de la PAC, sólo lo ha recibido una parte de los que tienen derecho a dichas ayudas.
El resto, "gracias a la lentitud" de esta Administración provincial en la resolución de alegaciones, está condenado a resistir como mínimo hasta el límite del plazo (finales de junio) y deberá afrontar esta nueva campaña sin unos ingresos completamente necesarios para continuar su actividad, puesto que las ayudas suponen el 25 por ciento de ingresos de una explotación media.