GRANADA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, que investiga la supuesta tramitación irregular del Centro Comercial Nevada en Armilla (Granada), ha transformado en procedimiento abreviado las diligencias, lo que supone que los imputados, entre los que se encuentra el que fuera alcalde de la localidad, José Antonio Morales Cara, están a un paso de ser enjuiciados.
Así lo confirmaron a Europa Press fuentes del caso, que precisaron que se mantienen los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio para los supuestamente implicados, además del ex alcalde, el que fuera edil de Urbanismo y vicepresidente de la Diputación Gabriel Cañavate, y el promotor de la construcción, Tomás Olivo, también imputado en el 'caso Malaya'.
La Fiscalía del TSJA denunció como imputados a los mencionados y también a los cuatro concejales que adoptaron el acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 30 de septiembre de 2005 para la concesión de la licencia de obras del parque comercial.
La actuación tiene su origen en la denuncia que el PP de Granada presentó contra Morales Cara por su actuación en el parque, que promueve la entidad General de Galerías Comerciales S.A. Las obras del Parque, en una superficie de 70.000 metros cuadrados, fueron paralizadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada poco antes de su conclusión.
Según consideró el Ministerio Público, los hechos presentan "numerosos y diversos indicios plenamente racionales" que permiten inferir la posible existencia de los delitos mencionados, a raíz de las irregularidades detectadas.
Entre ellas, se encuentra la ubicación del centro en espacios libres, una edificabilidad que supera ampliamente la prevista en el planeamiento y severas limitaciones para el desarrollo de la circunvalación. Fue precisamente la Junta de Andalucía la que demandó al Ayuntamiento la revisión del Plan Parcial Sector B por "vulnerar claramente" el Planeamiento Superior, después de que este fuera aprobado en pleno municipal con los votos del PSOE y un concejal independiente en julio de 2005.
Recientemente se hizo público un informe pericial que concluía que la demolición total o parcial es una decisión que "necesariamente" hay que tomar respecto al Nevada. Así, según constaba en el estudio, desde un punto de vista jurídico, procedería que el juez acordase, "motivadamente", la demolición de lo construido en suelo no urbanizable, dotacional y espacios libres, "amparado en una licencia urbanística que no puede legalizarse si no es modificando el planeamiento general".
El dictamen anticipaba que "procedería la demolición de la construcción que no se ajustase a la normativa vigente", concretamente con relación a los parámetros de superficie de ocupación, altura de la edificación y edificabilidad computable, "todos ellos sobrepasados en la construcción", tal y como se especifica en la totalidad del informe, de tres tomos y unas 200 páginas.
