GRANADA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Baza (Granada) ha llamado a declarar como imputado al actual presidente de la Diputación y concejal de Caniles (Granada), Antonio Martínez Caler, y otras nueve personas más tras la denuncia de un particular en la que expone que se otorgó licencia de manera presuntamente irregular para la construcción de una nave en suelo urbano.
La titular del juzgado ha llamado concretamente a declarar como imputados, además de a Martínez Caler, a la alcaldesa de Caniles, Isabel Mesas López (PSOE), a la edil del Ayuntamiento Rosario Sánchez Mesas, a José García Rubio, como personal de confianza del Ayuntamiento, al ex concejal Antonio Molina Martínez, al arquitecto municipal, al secretario del Ayuntamiento y al propietario de la nave en cuestión y candidato del PSOE a Caniles entre 1992 y 1996, Vicente Ruiz Molinero y su mujer Conversión García, que fue también edil socialista.
Según la denuncia del particular, facilitada por el PP, Ruiz Molinero solicitó autorización en 1997 al Ayuntamiento de Caniles, siendo alcalde Martínez Caler, para la construcción de una nave de aperos, con una superficie total de 11.000 metros cuadrados.
Sin embargo, según el relato del denunciante, un mes antes solicitó efectuar obras de reparación en el edificio, por lo que deduce que Ruiz Molinero "ya había construido la nave solicitada sin permiso ni licencia".
El particular dice no entender cómo el alcalde "no conocía la existencia de dicha construcción presuntamente ilegal". En la licencia de obras "no consta la firma del secretario del Ayuntamiento", según consta en la denuncia.
Continúa exponiendo que aunque la nave "no tenía licencia" le fue concedida una subvención de 120.000 euros por parte del Centro de Iniciativa de Desarrollo Rural del Noroeste, donde era miembro del consejo de administración Martínez Caler, una cantidad "superior a la que se le concedió por la licencia".
REFORMA Y MEJORA.
Dos años después Ruiz Molinero solicita al Ayuntamiento la reforma y mejora del almacén e frutas y verduras que ocupa, según indicó el propietario, 15.000 metros cuadrados y no los 11.000 iniciales, "dándole apariencia de legalidad".
Para acometer la obra el Centro de Iniciativa de Desarrollo Rural del Noroeste vuelve a otorgarle una subvención de 90.000 euros, un importe "mayor" al importe fijado en la solicitud y en proyecto de un ingeniero técnico industrial, "que ascendía a 48.000 euros".
Según el denunciante en 1.999 Ruiz Molinero solicita que se conceda el enganche de agua potable "manifestando que tiene una nave hortofrutícola y su vivienda habitual", un permiso que le fue concedido "el 10 de junio de 1999, seis meses antes de la solicitud".
Producto de la concesión de esta licencia, la Consejería de Agricultura y Pesca le concede una subvención de 81.844 euros , ayudas "obtenidas bajo evidente confusión a la Administración".
Por todo lo relatado el particular considera que se ha podido incurrir en los delitos de prevaricación, estafa, contra la hacienda pública, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias y apropiación indebida.
El particular denunció los hechos cuando le reclamó una deuda a Ruiz Molinero que no fue pagada. Al intentar proceder el primero al correspondiente embargo, la valoración pericial "no coincidía" con los metros de solares donde están construidas las naves, por lo que se hizo "imposible" su valoración.
Por estos hechos el secretario general del PP de Granada, Antonio Ayllón, pidió responsabilidades al PSOE y la dimisión de Antonio Martínez Caler como presidente de la Diputación, que, además, según dijo, "debería dar explicaciones inmediatas".
