La consejera de Salud defiende los conciertos para cumplir los decretos de garantía: "Liberan sesiones de quirófano"

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, defiende el mandato legal que subyace con los conciertos sanitarios, por cuanto vincula acudir a la externalización de servicios sanitarios a la exigencia de cumplimiento de las garantías de los plazos de respuesta de las consultas a especialistas y las intervenciones quirúrgicas.

Hernández sostiene en este sentido en una entrevista con Europa Press que "hay una cuestión clara: los decretos de garantías tenemos que cumplirlos" y a este argumento añade seguidamente que "esa necesidad de concertar con las privadas nos libera sesiones de quirófanos de nuestros hospitales que pueden atender una mayor complejidad".

Argumenta la consejera que hay intervenciones quirúrgicas "que no se pueden llevar a cabo en todos los centros privados", de las que pone como ejemplo los trasplantes, intervenciones complejas o con uso de robótica, y de esa forma se propicia que si "los procedimientos más sencillos se hacen en clínicas privadas, nos permite centrarnos en esa mayor complejidad".

"Los conciertos sanitarios datan de los decretos de 2001" y a partir de ellos empuja al sistema sanitario público a que si "no le da respuesta al paciente en el tiempo que están establecidos los decretos, puede decidir dónde operarse", por lo que concluye que los conciertos "vienen a darle una forma a esto porque realmente hay que cumplir esos decretos de garantía".

El primer decreto que estableció plazos en la atención sanitaria fue el 209/2001, que acotó en 180 días naturales la respuesta quirúrgica. El decreto 96/2004 determinó la garantía de plazo de respuesta de procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos, que lo fijó, respectivamente, en una horquilla de 30 y 60 días, 60 días y 30 días.

Una orden de 2006, que firmó María Jesús Montero como consejera de Salud, limitó a 120 días naturales el plazo máximo para 11 procedimientos quirúrgicos más frecuentes y en 2016 la Junta de Andalucía situó en 90 días el cumplimiento con ciertas cirugías cardiacas.

Hernández niega la premisa mayor que plantea la oposición, "no se está privatizando", porque señala que el porcentaje del presupuesto para externalización ahora es de un 3,7%, "que es muy inferior a lo que había en 2014", que sitúa en un 5,05%, por lo que infiere que "quien está diciendo que ahora estamos privatizando o no conoce ese dato o lo conoce y lo ignora".

El Presupuesto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) prevé para este año un gasto inicial que roza los 500 millones (492,99 millones) para lo que describe como asistencia sanitaria con medios ajenos. De esa cifra, prácticamente un 60%, 285,79 millones, se prevé para los contratos de atención especializada con entidades privadas. El siguiente contrato de mayor importe son los contratos de diálisis, que rozan los 100 millones de euros (98,94 millones).

Preguntada por los resultados de la revisión semanal y mensual de la lista de espera para la consulta a especialistas, explica Rocío Hernández que su departamento trabaja en "una depuración administrativa porque hay muchas citas que se solicitaron hace mucho tiempo y llevan aparejado un incremento del absentismo", para apuntar entonces el propósito de "reducir ese absentismo, que está en torno al 20%", por cuanto "estamos quitando a otro 20% de población que podría beneficiarse" de una cita perdida.

Si el SAS controla la calidad de la prestación a través de los conciertos, la consejera de Salud esgrime que "eso está todo estipulado" y esgrime que "en breve va a salir la licitación del nuevo Acuerdo Marco", además de remarcar que "es un procedimiento totalmente transparente y cumple una serie de requisitos".

Cuestionada si la privatización de la sanidad pública es una batalla perdida para un gobierno de derechas, insiste en remitirse a los datos para afirmar que "ahora con más presupuesto concertamos mucho menos que en años anteriores en otras etapas de gobierno".

Acerca de las diligencias previas abiertas en dos Juzgados de Instrucción de Cádiz y Sevilla por el fraccionamiento de contratos y la contratación de emergencia en el SAS, Rocío Hernández reitera un "estamos muy tranquilos" ya que apela a que todos esos contratos "se hicieron en momentos en que eran una necesidad, no una opción", además de defender que se hicieron con "todos los vistos buenos", en referencia a los Letrados de Administración Sanitaria y a la Intervención Delegada.

Tras acotar las discrepancias a "algún defecto de forma", se remite a que sea "la justicia la que finalmente dictamine", mientras se reafirma en la conclusión de que "seguimos pensando que es una denuncia política", que, a su juicio, puede tapar "el trabajo que se hizo durante la pandemia" de coronavirus, un momento que retrata como de "toma de decisiones" y de "mucha falta de profesionales".