SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Álvaro Martín ha declarado de especial complejidad la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los ERE fraudulentos, en la que hay 30 personas investigadas, entre ellas el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero o el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
En un auto fechado el 11 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado atiende la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y declara la pieza de especial complejidad, con lo que dispondrá de 18 meses más para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.
El juez justifica su decisión porque, en esta pieza, "se investigan numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados", lo que "exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas y privadas".
Por ello, considera "indudable" acceder a la petición formulada por el Ministerio Público y declarar de especial complejidad la pieza separada de las sobrecomisiones de los ERE.
El pasado 9 de noviembre, el instructor dictó un auto en el que ratificó la imputación del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas en esta pieza separada y amplió a 30 el número de personas investigadas.
El instructor considera que Antonio Rivas "consintió y favoreció el desarrollo de ERE, en los que se empleaban entidades intermediarias a sabiendas de la percepción de sobrecomisiones, como contrapartida a la inclusión de 'intrusos' y a la ausencia de un trámite ordinario en la concesión de las ayudas".
IMPUTA A LA MUJER DE JUAN LANZAS
"Sin perjuicio de lo que finalmente pueda acordarse, no cabe apartarlo del procedimiento en este momento, por cuanto el mismo está indiciariamente relacionado con los hechos que se investigan", argumenta el magistrado en este auto.
En el auto, el juez accede además a la petición realizada por la acusación que ejerce la Junta e imputa a otras 19 personas, entre ellas María Ángeles Sierra, esposa del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas; Carmelo Cruz, cuñado de Lanzas, o el exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido.
El juez relata que, entre los años 2000 y 2011, "se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo" el denominado procedimiento específico, cuyo objeto "era la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros", que fueron objeto "de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario".
El instructor añade que, "para alcanzar ese fin de distribución, se empleó entre otras técnicas" la de contratación de pólizas de renta colectiva para satisfacer los ingresos que les correspondían a trabajadores que se prejubilaban o quedaban afectados por ERE, no obstante lo cual, "aprovechando estos expedientes y la falta de control administrativo de los procedimientos de concesión de las ayudas, se operó introduciendo personas que no tenían derecho a estas ayudas o afrontando pagos indebidos".
LOS HECHOS
Para lograr tal resultado final, "se precisó de la colaboración de diversas personas y entidades vinculadas con los seguros, las cuales verían remunerada su cooperación a través de la percepción de sumas muy superiores a las medias de mercado por el trabajo realizado", asevera el juez, que indica que "se dio así lugar a lo que ha venido en llamarse sobrecomisiones, cuya existencia, cuantía y participación en su creación y reparto constituye el objeto" de esta pieza separada.
El juez acuerda dejar fuera de la pieza a cuatro personas inicialmente imputadas, como son Antonio Garrido Santoyo, Damián Jiménez Rueda, Luis Javier García de los Reyes, y Mariano Martínez Fernández.
Y es que el magistrado entiende que "no existen méritos para vincularlos" con esta pieza, y ello "en la medida en que los mismos presentan la condición de lo que ha venido en denominarse 'intruso', pero no consta que tuviesen intervención directa en la puesta en marcha y funcionamiento de un sistema de cobro y concesión de sobrecomisiones vinculado al mantenimiento de un sistema de concesión de ayudas y subvenciones carente de las mínimas garantías administrativas".
EL PAPEL DE GUERRERO
Por contra, el juez sí mantiene imputado en esta pieza al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien "promovió de manera directa el establecimiento de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo y aprovechando el mecanismo de sobrecomisiones para lograr los fines de libre disposición sobre las partidas destinadas a ayudas sociolaborales".
Respecto al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, el instructor dice que "actuó en numerosos expedientes de ayuda como mediador, logrando la financiación de la Junta y facilitando la intervención de Vitalia y Estudios Jurídicos Villasís en lo referente a la tramitación de las ayudas a la empresa", de manera que, "por la influencia ejercida sobre los directores generales de Trabajo, lograba que se suscribiesen pólizas con sobrecostes de cuantía injustificada".
