Andalucía cuenta ya con un borrador del reglamento de desarrollo del decreto sobre VTC y promete "diálogo"

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía cuenta ya con un "borrador" del reglamento que regula el Decreto-Ley 8/2022 de modificación de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Andalucía, y se ha comprometido a "sentarse" con el sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) para "consensuar y dialogar" con él en relación a una normativa con la que aspira a "templar ánimos" entre dicho colectivo y el del taxi.

Así se desprende de una comparecencia en comisión parlamentaria de la consejera del ramo, Rocío Díaz, sobre dicho reglamento que regula el decreto sobre los servicios de VTC en Andalucía que aprobó la Junta el año pasado.

La consejera ha subrayado la importancia en Andalucía tanto del sector del taxi, con "8.754 licencias" en la comunidad autónoma actualmente, como del de las VTC, con un total de 3.466 licencias a fecha del pasado 3 de septiembre, según ha detallado, y ha defendido que el referido Decreto-Ley 8/2022 es "valiente" y "se marcó como objetivo" que el ciudadano tuviera el mejor servicio de transporte en turismo "posible", a la vez que "garantizar una competencia pacífica y equilibrada" entre los diferentes modos de prestar esa función.

En esa línea, ha valorado que dicho decreto "ha permitido que los VTC sigan trabajando, garantizando con ello aproximadamente los 8.000 empleos que generan", y "ha reducido la incertidumbre e inseguridad jurídica" que se había generado en el sector al hilo de la normativa estatal al respecto, planteando "una regulación propia que permite que las VTC sigan operando en las ciudades, pero siempre con un servicio de precontratación".

La consejera también ha sostenido que aunque el decreto fue recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) "por parte del sector del taxi y por una izquierda radical, aliada con una serie de partidos que nada tienen que ver con Andalucía", éste fue "consensuado al máximo" por parte del Gobierno andaluz, y las medidas que recoge fueron "debatidas durante meses con todos los agentes implicados", incluidos representantes de los sectores del taxi y los VTC, así como consumidores, usuarios y los ayuntamientos más afectados, entre otros agentes, según ha enumerado.

Rocío Díaz ha puesto de relieve que, entre las medidas que incluyó el decreto, "se estableció que no se otorgarían más autorizaciones de VTC para garantizar la proporcionalidad con el taxi", y eso "se ha cumplido", según ha subrayado para puntualizar que "Andalucía sólo ha autorizado nuevas licencias en ejecución de sentencias".

La consejera ha informado de que "ya existe un borrador de ese reglamento" vinculado al decreto que "será sometido a consulta pública", y se ha comprometido a contar "con todos los sectores implicados" para la elaboración del mismo.

SENTENCIA DEL TJUE

Y es que, según ha abundado, "siguiendo con la práctica que es marca de este Gobierno, queremos que ese reglamento salga adelante con el mayor consenso y diálogo posible", si bien ha advertido de que "el proceso para la elaboración de este reglamento se ha visto afectado por las dudas generadas ante nuevas sentencias y decretos".

En concreto, ha aludido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 8 de junio de 2023 "sobre las restricciones a las licencias de vehículos de transporte con conductor que viene a cuestionar la justificación del criterio de autorización de licencias VTC por cada 30 taxis como máximo, pero al mismo tiempo permite restringir el número de autorizaciones de VTC por razones de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente".

La consejera ha apuntado que "la respuesta del Gobierno a esa sentencia ha sido el Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, por el que declara al taxi un servicio de interés público y, por otro lado, introduce criterios medioambientales para otorgar autorizaciones VTC, considerando estos criterios como razones imperiosas de interés general".

Ese Real Decreto-Ley "ha vuelto a generar tensiones entre las VTC y el taxi", ha sostenido la consejera, quien ha agregado que, "ante esta situación de incertidumbre, desde el Gobierno andaluz vamos a intentar templar en todo momento los ánimos" y "acercar posiciones entre los agentes implicados", desde el convencimiento de que "las peticiones de uno y de otro son legítimas", y desde la Junta las van a escuchar en el marco de un "diálogo constante y permanente", con el objetivo prioritario en todo caso de "proteger los derechos del usuario", según ha remarcado.

"En Andalucía se ha demostrado que pueden convivir sin problemas ambos sistemas --en alusión al de los taxis y el de los VTC-- y vamos a seguir trabajando para que esto siga siendo así", ha concluido la consejera.

POSICIONAMIENTO DE PSOE-A, VOX Y PP-A

En el turno de intervenciones de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Isabel Ambrosio ha sostenido que el decreto que aprobó la Junta el año pasado "era una amenaza y lo sigue siendo a día de hoy porque no aseguraba esa competencia leal que debe existir" entre los taxis y los VTC y "no suponía una garantía de convivencia", y ha criticado que, "un año después", se repite la "falta de transparencia, de diálogo, de información" por parte de la Junta para el desarrollo reglamentario de esa norma.

La diputada socialista ha trasladado así a la consejera la "preocupación" que le "transmite" a su grupo "el sector del taxi andaluz" por la "falta" de información "sobre el contenido del reglamento que tendría que estar vigente dentro de 24 días", según ha advertido para sostener en ese sentido que desde la Junta "van tarde" al respecto y practican una "falta de diálogo" con "una sordera política que no es de recibo", según ha criticado antes de finalizar pidiendo a la consejera que "haga posible" por garantizar "esa competencia leal que es tan necesaria entre el taxi y las VTC".

Por su parte, el diputado de Vox Ricardo López Olea ha compartido que "hay que defender los derechos de los consumidores y usuarios" como "un derecho valioso básico a respetar", pero ha advertido de que el "problema" vinculado a esta cuestión "ha acabado judicializado y va a tener reclamaciones judiciales millonarias", como ya las "está teniendo en muchos sitios", y "afecta a muchísimas familias y al pan que tienen que llevar a su casa, tanto en el sector del taxi como en el de las VTC".

El diputado ha preguntado a la consejera por el "efecto concreto" que tendrá la citada sentencia del TJUE en el desarrollo reglamentario del decreto en el que trabaja la Junta, y ha apuntado que dicha resolución del tribunal europeo haría necesaria una "modificación legislativa" por parte de la Junta porque en ella se establecía la ratio de una licencia de VTC por cada 30 taxis que ahora "se elimina" con esa sentencia.

Finalmente, el diputado del PP-A Antonio Saldaña ha dado la "enhorabuena" a la Consejería de Fomento por su trabajo en torno a un "conflicto complicado, enquistado y que se había generado por la inacción de otros", logrando "un resultado equilibrado, moderado y justo para todas las partes, fundamentalmente centrado en los ciudadanos, que es el objetivo fundamental de cualquier gestión de gobierno", según ha defendido antes de concluir pidiendo a la "izquierda andaluza" que "deje de arengar y de perjudicar con promesas imposibles a los taxistas de Andalucía".