SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Justicia e Interior ha defendido este lunes que la eliminación de documentos judiciales a través de la Junta de Expurgo se lleva a cabo "con todas las garantías e informes pertinentes", todo ello después de que casi un centenar de investigadores y profesores de Historia Contemporánea de las universidades andaluzas hayan mostrado su rechazo a la destrucción de cerca de un millón de expedientes judiciales que ha anunciado la Junta para liberar espacio en los archivos.
En este sentido, fuentes del departamento que dirige Rosa Aguilar han indicado a Europa Press que la Junta de Expurgo de Andalucía es un órgano integrado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Consejería de Justicia e Interior que propone la eliminación de documentación judicial antigua sin valor con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los juzgados y tribunales de la comunidad.
La eliminación de documentos judiciales a través de la Junta de Expurgo de la Consejería de Justicia e Interior se lleva a cabo "con todas las garantías pertinentes y siempre teniendo en cuenta" el dictamen de la propia Comisión Andaluza de Valoración de Documentos, dependiente de la Consejería de Cultura, y encargada de analizar las propuestas realizadas por dicha Junta de Expurgo andaluza.
La Junta de Expurgo hace un estudio previo de análisis sobre la documentación que va a destruir y envía a la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos la propuesta definitiva. Una vez que obtiene el visto bueno de dicha comisión, publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el número de documentos que se van a eliminar, si bien siempre se guarda un muestreo de la información que puede ser consultado por los investigadores.
De esta forma, tras el último acuerdo de la Junta de Expurgo del mes de abril van a ser ya cerca de cinco millones los documentos judiciales carentes de valor destruidos en Andalucía desde 2012, cuando se puso en marcha este proyecto para eliminar expedientes de juicios de faltas y diligencias previas de entre los años 1945 y 2000.
Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, de forma que se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquella que posea un relieve social, económico, político o cultural.
Este plan forma parte de las políticas de la Junta para el impulso de una Justicia digital y sin papeles, que contribuye a la protección del medio ambiente y al ahorro de costes y tiempo. El proyecto se enmarca también en la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental para el control y acceso al material desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.
Los planes de eliminación forman parte de las competencias organizativas de la propia oficina judicial y se llevan a cabo en cualquier ámbito de la Administración, ejecutándose "con total garantía" y bajo procedimientos "muy garantistas" para asegurar que lo que se conserva es lo que tiene valor histórico y cultural, determinado por la Administración competente en materia de patrimonio histórico.
Es la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos, dependiente de la Consejería de Cultura, la que determina el valor histórico de los expedientes judiciales mediante la aprobación de tablas de valoración para cada tipo de procedimiento judicial, publicándose en BOJA.
La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, la persona titular del Servicio de Archivos Judiciales de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.
